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Centro Editor de América Latina - Cangallo 1228
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El desarrollo económico y social
LA CONCENTRACION DEL PODER ECONOMICO.
EL PAPEL DE LOS TRABAJADORES SEGUN ALLENDE.
Chile está viviendo un proceso de cambio económico y político de características relativamente inéditas en América Latina. Si bien se han dado casos de movimientos populares que han conquistado el gobierno, se trataba en general de movimientos conformados por diferentes grupos y sectores sociales que daban al mismo un carácter policlasista y en el que tendían a predominar los intereses de sectores de la burguesía (y en realidad eran conducidos por tales sectores). En cambio, en Chile el hecho original es que en la alianza de fuerzas populares la conducción y la hegemonía está incuestionablemente en las manos de grupos políticos de base obrera y orientación marxista. Esta conjunción, base obrera y orientación marxista, como elemento predominante en un movimiento popular triunfante, es la que promueve expectativa y aliento de parte de unos, y sorpresa de parte de otros. Para entender esta situación tan particular, es necesario remontar el desarrollo económico chileno, las características de las estructuras de clases que el mismo fue conformando y la estructura política sobre la cual se van modelando los conflictos entre los diversos sectores y clases sociales.
El desarrollo económico y social
Durante las primeras décadas de este siglo la producción minera constituía el principal resorte económico en Chile. El salitre en un principio, y hasta su decadencia provocada por el descubrimiento alemán de un producto sintético de similares características (el nitrato sintético) durante la primera guerra mundial; y luego el cobre, especialmente a partir de las inversiones norteamericanas en la explotación de ese mineral, alrededor de 1910. La explotación de ambos minerales estaba controlada, tanto en su faz productiva como comercializadora, por el imperialismo: en el primer caso, por capitales ingleses; en el segundo caso, por norteamericanos. De este modo, el sector más productivo y dinámico no queda bajo un dominio nacional, de grupos locales, sino que se enajena a capitales extranjeros. Esto lleva a una situación de postergación de los grupos dirigentes nacionales, cuyas bases económicas son, relativamente, más débiles que las de la oligarquía ganadera argentina (que tenía en sus manos el control de la principal actividad de exportación). Por otra parte, estas características del enclave minero hacen que el principal medio para retener parte de la renta generada por las exportaciones sea el Estado (y no, para compararlo nuevamente con el caso argentino, el grupo propietario nacional, la oligarquía agropecuaria, que era quien percibía y distribuía internamente las rentas generadas por la exportación).
Para ello, el Estado pasa a desempeñar un papel de real significación en la evolución económica interna. A su amparo y estímulo se desarrollan sectores medios y burocráticos, que presionan sobre el aparato de poder a través de los partidos Radical y Demócrata. Otro aspecto importante del desarrollo minero fue la emergencia de un proletariado numeroso que, por las características de aislamiento y concentración, asumió una actitud muy combativa. Iquique, uno de los centros norteños de la producción salitrera, presencia grandes luchas obreras y grandes masacres, como la del 16 de diciembre de 1907, cuando más de 500 obreros son muertos y heridos. Y es este mismo proletariado salitrero el que sigue los pasos organizadores de Luis Emilio Recabarren, quien más tarde creara el Partido Comunista. Por tanto, durante estas primeras décadas Chile avanza a través de una modalidad de desarrollo y de dominación específicas: un desarrollo basado en el enclave minero enajenado, y un sistema de dominación caracterizado por dos aspectos básicos: una clase dominante (la oligarquía agraria) que funda su poder en la dominación social que ejerce en el campo; y un aparato estatal, que surge como principal medio de absorción y distribución de las rentas generadas por las exportaciones mineras, esto es, que mediatiza la relación de las clases dominantes locales con el imperialismo. Una modalidad de desarrollo muy distinta es la que comienza a darse en la década del 30, cuyo fundamento es la formación de un mercado interno. La industria es el sector más dinámico y ya en los últimos años de esa década pasa a adquirir un peso decisivo en el ritmo general de las actividades internas. El Estado contribuye con poderosos estímulos en ese sentido; asume un papel netamente emprendedor que incluso abre rumbos en el contexto latinoamericano: en 1939 se crea la Corporación de Fomento de la Producción (CORFO). En virtud de la política de activa promoción seguida por CORFO, especialmente en los años 40, el sector industrial alcanza altos ritmos de expansión: en el período 1941-46 la tasa anual llegó a ser de un 11%. Por otra parte, CORFO toma parte directa en la producción y para tal fin crea una serie de agencias en sectores claves de la actividad económica: la Compañía de Aceros del Pacífico (CAP), la Empresa Nacional del Petróleo (ENAP), la Empresa Nacional de Electricidad (ENDESA), etc. Sin embargo, lejos de orientarse a crear las bases de un capitalismo de estado, la acción de CORFO siempre tendió a favorecer al sector privado, fomentó el crecimiento industrial, dejando en manos del empresario el control de las explotaciones.
En este sentido, se puede afirmar que el Estado pasó a constituirse en el instrumento crucial en el proceso de formación de capital y en el desarrollo de una economía industrial. Este proceso se da especialmente bajo los primeros gobiernos radicales. En 1938 triunfa el Frente Popular, una alianza de los partidos Socialista, Comunista y Radical, y que lleva a la presidencia a don Pedro Aguirre Cerda. Durante el gobierno de éste se esboza una tendencia a la redistribución de ingresos, que en general tendió a beneficiar mucho más a los sectores empleados de cuello blanco que a los asalariados industriales. De todos modos, ello es parte de una política económica centrada en la expansión del mercado interno. El eje de esta política fue la industrialización sustitutiva de importaciones, y una de sus consecuencias fue el crecimiento del proletariado industrial. En 1930, el 15,7% de la población activa estaba empleada en la industria manufacturera, en 1950 la proporción alcanzó el 19% y en 1960 sobrepasó el 24%. Paralelamente a ello se aceleró el proceso de urbanización: la población urbana que en 1940 ascendía al 52,5% de la población total, en 1952 alcanza el 60,2% y en 1960 el 66,5%.
Este proletariado industrial ve mejorada su situación económica con los gobiernos radicales, pero en realidad esta mejoría corresponde al crecimiento general del ingreso real de la población; la mejora relativa a otros sectores sociales que logra el proletariado industrial es ilusoria:
“Entre 1940 y 1953, el «mundo obrero», aunque a través de todo el período representó alrededor del 57% de la población activa, solo acrecentó su remuneración efectiva en un 7%. Los sueldos en cambio—los trabajadores de «cuello blanco»-- elevaron su ingreso real en un 46%, que es superior al del conjunto. El sector no asalariado, de propietarios, empresarios y prestadores independientes de servicios, también cosechó una mejor participación en el proceso, subiendo su renta efectiva en un 60%. Como este grupo es muy heterogéneo (figuran en él desde el dueño de empresa o hacienda hasta el pequeño comerciante o peluquero) se ha apartado el segmento que corresponde a los ingresos por concepto de rentas, intereses y dividendos, o sea las del sector propietario, el que manifiesta un crecimiento de retribución real de un 64%, esto es, el ascenso más fuerte”[1].
La ampliación del mercado interno estuvo focalizada en las áreas urbanas; en el ámbito rural poco es lo que hicieron los gobiernos radicales en ese sentido. No se promovió un proceso de reforma agraria, sino que tan solo se tendió a alentar la tecnificación productiva, pero dejando tal cual la tan concentrada estructura de tenencia de la tierra. Incluso, el dominio social de la oligarquía agraria fue afirmado por la actitud que asumió el gobierno frente al campesinado: se lo persiguió y se anuló en los hechos toda posibilidad de sindicalización del mismo. Para esto último se sancionó el 29 de julio de 1947 una ley, conocida como “ley de trabas a la sindicalización”, que por los recaudos que tomaba y los prerequisitos que establecía hizo prácticamente imposible la formación de sindicatos campesinos. El grupo más beneficiado por la política radical fue indudablemente la burguesía industrial. Al amparo del proteccionismo estatal, el empresariado industrial comenzó a ligarse estrechamente con los más altos funcionarios de la burocracia pública, absorbiéndolos en su seno. El peso de la burguesía industrial se acentúa y ya en el último gobierno radical, el de don Gabriel González Videla, pasa a controlar las posiciones claves del Gabinete (así, por ejemplo, Jorge Alessandri es designado Ministro de Hacienda en 1948). Se estaba produciendo
“una creciente solidaridad del ala derecha radical con los intereses propietarios. El intervencionismo estatal, en lugar de crear conflictos, estableció puentes entre esas fuerzas. Los consejos de los organismos de fomento, los directorios de empresas para-fiscales y de agencias de control cambiario o crediticio resultaron sitios propicios para olvidar las proclamas políticas que se recitaban en el exterior y para encontrar los muchos puntos de conveniencia común”[2].
De este modo, el proceso de industrialización que inicialmente es dinamizado por sectores medios urbanos en el poder, creando expectativas de cambio en el mismo, sin embargo, termina en definitiva por asentar el papel dominante de la gran burguesía chilena. Una nueva modalidad de desarrollo se da en los años 60. Hacia fines de la década del 50 el crecimiento industrial se renueva, comienza un proceso ascendente que va a conformar un modelo diferente al recién visto. Un economista chileno, en ese entonces funcionario de CEPAL y en la actualidad Ministro de Economía del gobierno de Allende, caracterizó esta nueva modalidad de desarrollo (y refiriéndola al proceso latinoamericano) en estos términos:
“Un esquema de desarrollo que, frente a las condiciones presentes de las economías latinoamericanas resulta a la vez necesariamente «concentrador» y «excluyente»: lo primero, porque tiende a acumular los esfuerzos de expansión y tecnificación en determinados estratos más que a diseminarlos al conjunto de la economía; lo segundo, porque al hacerlo así, quedan inevitablemente marginados del progreso otros estratos económicos y excluidos de sus beneficios otros sectores sociales.[3]”
Este proceso concentrador y excluyente se da con meridiana claridad en Chile durante los años 60, y muy especialmente durante el gobierno de Frei.
El proceso de industrialización avanza a través de la sustitución de importaciones, pero éste ya no es el aspecto más relevante del proceso, sino que lo fundamental está dado por las características que va asumiendo la estructura industrial.
La incorporación de una tecnología relativamente muy avanzada es lo que marca el proceso, que ha sido diseñada y utilizada en los países más avanzados, y que es adoptada por países que quizás no requieren ese tipo de tecnología. La introducción de estos modernos procesos tecnológicos crea una profunda heterogeneidad en la estructura industrial y profundiza su desarrollo desigual. Por otra parte, este proceso lleva a acentuar sobremanera la dependencia tecnológica, vía a través de la cual se acentúa la explotación imperialista. Así, en Chile,
“entre 1962 y 1968 los pagos por servicios tecnológicos más que se duplican, en condiciones que ellos en muchos casos no representan aporte real alguno al país. Como lo muestra un reciente estudio de la CORFO, hay empresas en Chile que pagan patente de producción al extranjero por procesos cuya patente está vencida e incluso por procesos no patentados”[4].
Este proceso conlleva, a su vez, la participación creciente del capital extranjero en la industria. Estudios realizados por la Universidad de Chile muestran cómo el capital imperialista, aun manteniendo su interés por la actividad minera, sin embargo tiende a volcarse a ritmo creciente hacia la actividad industrial. Por otra parte, esta creciente participación en la actividad industrial no significa aportes reales de capital. Paradojalmente, las empresas a las cuales se asocia el capital extranjero tienden a utilizar una proporción bastante considerable de recursos locales para su financiamiento. Un estudio de CORFO señala que en las empresas controladas por capital extranjero, los recursos locales alcanzaban a cubrir en promedio la tercera parte del financiamiento de sus proyectos. Esto está significando que el desarrollo y expansión del capital imperialista en la industria se efectiviza gracias a la absorción que realiza de los recursos financieros locales.
Este proceso produce un efecto de desnacionalización de la industria interna. En Chile, en 1967 el capital extranjero representaba nada menos que el 16,7% del total del capital del sector industrial.
En todas las ramas industriales se manifiesta algún grado de participación extranjera, y en algunas llegaba a un grado de control: así por ejemplo, en la rama construcción de maquinarias eléctricas controlaba el 48,9% del capital; en tabaco, el 59,1%; en caucho, el 44,2%; en sustancias y productos químicos, el 31,1%; en minerales no metálicos el 25,6%; en calzado el 23,3%; en bebidas, el 16,8%; en productos metálicos, el 16,5%, etcétera. Por otra parte, las ramas que avanzan a un ritmo de crecimiento más rápido son las productoras de bienes duraderos, es decir, aquellas ramas que se orientan a satisfacer la demanda proveniente de la población de ingresos relativamente elevados.
Dado el requerimiento de una demanda de alto poder adquisitivo, esta modalidad de desarrollo tiende a concentrarse y a beneficiar a los sectores urbanos principalmente; de ahí que una vez saturados los mercados urbanos nacionales se comience a enfatizar la necesidad de constituir mercados regionales. Esto es, en lugar de nivelar e integrar el mercado interno nacional (incorporando a las masas campesinas y a las masas urbanas empobrecidas) esta modalidad de desarrollo tiende a integrar los mercados urbanos de diferentes países, acentuando así las diferencias internas. En Chile, la formación del Mercado Regional Andino ha sido constantemente propugnado por la alta burocracia pública y por sectores empresariales. Es de notar que, como consecuencia de este énfasis en la búsqueda de mercados externos, la burguesía industrial tendía a ocultar la necesidad de profundizar el mercado interno (hecho éste que inevitablemente implicaría la transformación de las relaciones de poder en el ámbito rural y promovería un profundo cambio social en el mismo). Finalmente, este proceso acentúa las características monopólicas de la estructura industrial. Así, según datos de 1967, en la mayoría de las ramas industriales, las tres empresas más grandes de cada rama acumulan más de la mitad del capital de la rama. Incluso, son numerosas las ramas en las que una sola empresa es suficiente para acumular una proporción elevada del capital de la rama: por ejemplo, en tabaco se da una sola empresa en posición absolutamente monopólica; en maquinaria no eléctrica una sola empresa acumula el 60% del capital; en la producción de hierro y acero una sola empresa acumula el 76%; en metales no ferrosos, el 90,8%; en loza, el 97,1%; en cemento, el 63%; en productos de caucho, el 78,5%; en productos del cuero, el 66,9%; en fabricación de papel, el 64,7%; en la industria del corcho, el 100%; en productos lácteos, el 63,7%; en azúcar, el 66,1%.
Estos datos revelan el carácter de la burguesía industrial chilena; se trata de una burguesía monopólica que se mueve en un abanico de posibilidades económicas entrelazándose íntimamente a otros sectores económicos. Las condiciones estructurales chilenas, que llevan a un acentuado grado de concentración de poder económico, posibilitan realmente la formación de una gran burguesía con intereses diversificados en distintas áreas de actividad económica. Especialmente importantes son los lazos que unen a la burguesía industrial emergente de este proceso de industrialización con un antiguo sector dominante, la burguesía mercantil-financiera. El entrelazamiento de intereses entre ambos sectores de la burguesía lleva a la formación de una burguesía financiero-industrial, como un nuevo eje del sistema de dominación chileno. Y lo que es importante de destacar, es que esta burguesía financiero-industrial está inhibida de generar un proyecto de industrialización que involucre una modificación de la situación dependiente de Chile. Por un lado, por su vinculación dependiente del capital extranjero, al que está en buena medida asociada; y por otro lado, por su íntima vinculación con viejos sectores dominantes. Por esta razón, los proyectos de industrialización generados por la burguesía industrial han estado integrados a proyectos mayores de modernización del sistema. Pero, a la vez de involucrar un proceso concentrador, esta modalidad de desarrollo también involucra, como contrapartida, un proceso de exclusión. Los frutos que genera la tecnificación más avanzada y la mayor productividad no se trasladan hacia abajo, al proletariado industrial. Todo lo contrario: entre 1960 y 1969 la participación del rubro salarios en el ingreso total disminuye de un 18,4% a un 16,2%. Y esta situación se ve agravada por las altas tasas de desocupación que se dieron en los últimos años del gobierno de Frei. Desde otro punto de vista, el carácter heterogéneo y desigual que asume el desarrollo afecta también al proletariado. En su interior se producen fragmentaciones según las diferentes formas de inserción en la estructura productiva. Especialmente, aquellos vinculados a los sectores más tecnificados y modernos, tienden a generar formas organizativas que les permiten alcanzar un considerable poder de regateo y negociación, así como niveles de ingreso relativamente más altos. Pero la fragmentación se produce no sólo en el interior del proletariado, sino también entre éste y las masas urbanas marginadas del proceso productivo.
El cobre
Aun hoy día la producción minera constituye una de las actividades fundamentales de Chile. Su importancia no está dada tanto por su contribución al producto geográfico bruto (que en 1967 fue de solo un 9,9%), como por su significación decisiva en las exportaciones: en ese mismo año la minería llegó a representar el 88% del valor de las exportaciones. Aun más, un solo producto, el cobre, aportaba la mayor parte del valor: para el mismo año. la producción cuprera generaba el 75,7% del valor de las exportaciones, lo que induce a pensar que el desarrollo industrial sufrido por el país no ha logrado resquebrajar y superar la estructura monoproductora de las exportaciones.
Pero la situación es más grave aún si se tiene presente que solo tres grandes empresas extranjeras cubrían y prácticamente controlaban la corriente exportadora: para el mismo año, “la Gran Minería” (un eufemismo utilizado por las fuentes oficiales chilenas para referirse a estas grandes empresas cupreras extranjeras) contribuía nada menos que con el 60,8% del valor total de las exportaciones. ¿Cuáles son y quiénes controlan a dichas grandes empresas cupreras? Chuquicamata, la principal productora en Chile, es la mina de cobre “a tajo abierto” más grande del mundo. Su capital era controlado por la Chile Exploration Company, a su vez controlada por la Chile Copper Company (Delaware), la que a su vez desde 1923 pertenece a Anaconda. Esta última es una empresa norteamericana que forma parte de lo que se ha dado en llamar el “imperio Rockefeller”, a través de la participación y control que ejercen dos de los principales bancos de la familia Rockefeller: The First National City Bank y The Chase Manhattan Bank. El Salvador es la tercera gran mina de cobre chilena. Pertenecía a la Andes Copper Mining Co., a su vez también controlada por la Anaconda.
El Teniente es la segunda en importancia de producción en Chile, y es la mina de cobre subterránea más grande del mundo. Es controlada por Kennecott; una empresa norteamericana en la que tienen fuerte participación Guggenheim y la banca Morgan. En consecuencia, dos firmas norteamericanas, Anaconda y Kennecott, controlaban el 60% del valor de las exportaciones chilenas. Esta situación de explotación es la que Frei procura corregir a través de lo que llamó la “Chilenización” del cobre. El plan consistía en que el Estado se constituyese en socio mayoritario de las empresas norteamericanas en un primer momento, y al cabo de cierto tiempo en propietario total; pero la dirección técnica, la comercialización, etc., quedaba en manos de las propias empresas norteamericanas. De este modo, la relación de explotación se transfería al oligopólico mercado comercial y “en apariencia” Chile controlaba sus riquezas. Se trataba de un cambio en el vínculo de dependencia (estructurándola ahora en torno al eje de la comercialización), pero sin quebrar y superar la misma. El gobierno de la Unidad Popular procede a nacionalizar las grandes empresas cupríferas (conjuntamente con la nacionalización del hierro) y a crear sus propias bases y agencias para la comercialización.
El proceso político
Uno de los hechos más llamativos de la vida política chilena es la capacidad del sistema político para absorber, canalizar e institucionalizar los intereses y demandas de los sectores sociales más contrapuestos. Los grupos políticos han logrado articular su acción con las demandas que parten de sus anclajes sociales, y ello ha otorgado un profundo y claro contenido social a la lucha política.
En este sentido, el elemento más significativo ha sido la creciente importancia que ha adquirido la participación del proletariado en el juego político.
“La evolución de esa participación desde 1920 hasta 1940 indica con claridad esa tendencia. En la elección de 1920 la mayor parte de los sectores obreros se vuelca hacia Alessandri rechazando el sistema de la «República Parlamentaria», pero este apoyo solo implica una incorporación precaria al sistema político. La constitución de la Unión Social Republicana de los Asalariados de Chile (USRACH) en 1925 representa un intento de representación política relativamente autónoma pero débil. La llamada «revolución socialista de 1932» constituye un intento de algunos sectores sindicales, especialmente los legales, de acceder al poder a través de un golpe de Estado. Finalmente, en el triunfante Frente Popular de 1938 los sindicatos se representan corporativamente en una alianza política que los incluye específicamente”[5].
El Frente Popular abre las perspectivas concretas de participación política. Constituido en 1936 e impulsado fundamentalmente por el Partido Comunista, cobra auge popular y lleva a la victoria presidencial del 25 de octubre de 1938, consagrando al radical don Pedro Aguirre Cerda presidente de la República (y en cuyo Gabinete se designa Ministro de Salud al socialista Salvador Allende). Poco tiempo después las disidencias y conflictos entre socialistas y comunistas marcan la ruptura del Frente.
No obstante, ese ciclo ascendente de presión popular eleva considerablemente al Partido Socialista, que en las elecciones parlamentarias de 1932 había obtenido solo el 5,7 de los votos, pero en 1937 logra el 11,1 y en 1941 se eleva al 16,7%. Este auge también se observa en el Partido Comunista, que de un 4,2% obtenido en 1937 se eleva a un 11,8% en 1941.
Esta última fecha marca el punto de inflexión de la curva de ambos partidos, pues luego comienza la declinación, agravada en el caso del comunismo por la persecución y confinamiento a sus militantes que realiza el último presidente radical, don Gabriel González Videla, a partir de la sanción de la Ley de Defensa de la Democracia, en 1947. De todos modos, la experiencia de participación lograda con el Frente Popular dejó profundas huellas en el movimiento popular chileno.
“El hecho incontestado es el de la participación obrera en la política a través de la alianza con los sectores medios. Son muchas las críticas que a esa alianza pueden hacerse, tal como la que se refiere al carácter apendicular que el sector obrero desempeñó, o que la política fue fundamentalmente de asimilación al sistema y por consiguiente lo único que realmente se obtuvo fue tan solo ampliar las bases del poder dominante; pero lo que marcó la experiencia fue la conciencia de participación política, cualquiera que sea el rasgo que ésta haya tenido… Resumiendo, la experiencia del Frente Popular significó una sobrevaloración de la participación política obtenida y un oscurecimiento de las contradicciones reales entre las clases.[6]”
En la década siguiente se reconstruye la alianza entre socialistas y comunistas, nace el FRAP (Frente de Acción Popular), y a través del mismo el movimiento popular organizado pasa a constituir una alternativa real de poder.
En las elecciones presidenciales de 1958, esta alianza ocupa el segundo lugar siendo aventajada por la derecha triunfante por tan solo 33,416 votos; el FRAP ha reunido el 28,9 de la votación. En las elecciones presidenciales de 1964 el caudal electoral se eleva al 38,9 de la votación, aunque la coyuntura de una polarización política favorece el triunfo del Partido Demócrata Cristiano. De todos modos, las elecciones parlamentarias y municipales confirman el vigoroso caudal electoral del FRAP, que ronda alrededor de la tercera parte del electorado. Finalmente, el FRAP, unido a algunos grupos políticos de menor peso, en 1970 logra el triunfo con un caudal electoral que en términos porcentuales es bastante similar (e incluso levemente menor) a los mencionados. El triunfante movimiento de Unidad Popular se vertebra en torno a los dos partidos marxistas: el Partido Comunista, que tiene una amplia base social constituida por el proletariado industrial organizado y el proletariado minero; y el Partido Socialista, que
“representa quizás esencialmente sectores de trabajadores campesinos y urbanos tradicionales, agregando también sectores medios burocratizados provincianos e intelectuales vinculados a los servicios educacionales en los diferentes niveles del sistema. Mantiene una presencia importante en los centros mineros, especialmente de la mediana y pequeña minería. Aparece de manifiesto la heterogénea composición de su electorado.[7]”
Con mucho menor peso político, el Partido Radical también constituye parte de esta alianza. Su electorado está en continua declinación; así mientras en 1961 obtenía el 22,2% de los votos, en 1969 su participación se reduce al 13,6%. Este partido se articula fundamentalmente con sectores medios, profesionales y burocráticos, fuertemente vinculados a la burocracia pública y especialmente provinciana, así como también cobija los intereses de sectores agrarios oligarquizados del sur del país y de sectores empresariales vinculados a las ramas económicas de mayor desarrollo en los años 40. Constituyen también parte de esta alianza sectores escindidos del Partido Demócrata Cristiano, inicialmente el MAPU (Movimiento de Acción Popular Unitaria) y posteriormente el MIC (Movimiento de Izquierda Cristiana), Especialmente el primero es importante por estar constituido por cuadros profesionales y universitarios radicalizados, que habían desarrollado su experiencia a través de la reforma agraria, y logrando organizar y penetrar en sectores campesinos. Finalmente, algunos grupos políticos de poca significación electoral se integraron también al movimiento de Unidad Popular. Se trata del Partido Social Demócrata y de la Acción Popular Independiente, cuyas características se corresponden bastante con el radicalismo. Pero es necesario mencionar también a otro grupo político, que aunque no está formalmente integrado a la alianza, sin embargo tiene peso ideológico en la orientación del movimiento popular. Se trata del MIR (Movimiento de Izquierda Revolucionaria), un grupo marxista de extracción universitaria que, tras haberse afirmado y dominar por largos años el movimiento estudiantil fundamentalmente de la Universidad de Concepción, pasó a trabajar políticamente en los sectores campesinos y los marginales urbanos, logrando formar cuadros en los mismos. Retornando al cuadro político general del país, la derecha ha seguido una conducta que le permitiera permanecer con un peso propio en la arena política, aun cuando para ello la línea ha sido bastante discontinua. Como consecuencia de la notable caída en el peso electoral de los partidos Liberal y Conservador, que en 1965 apenas alcanzaron el 7,5% y el 5,3% respectivamente de la votación al Parlamento, ambos partidos deciden su fusión dando origen al actual Partido Nacional. Su anclaje social está dado fundamentalmente por la oligarquía agraria y los sectores más antiguos de la burguesía industrial, financiera y comercial. Su caudal electoral lo forman principalmente las provincias netamente agrarias así como la provincia más poblada (Santiago). El descenso electoral de la derecha política está vinculado a dos procesos sociopolíticos. Por un lado, durante los años 60 el fulminante incremento de la sindicalización campesina quebró las bases sociales de la dominación oligárquica. Hacia principios de 1960 existían solo 17 sindicatos legales y en 1966 ascendían a 201; mientras en 1960 se presentaron solo 6 pliegos de peticiones, en 1966 hubo 527; mientras en 1960 hubo tan solo 3 huelgas campesinas, en 1966 fueron 586. Este crecimiento en la movilización y organización campesina (muy evidente durante el gobierno de Frei) resquebraja la dominación paternalista de la oligarquía latifundista, y conlleva ya la potencialidad de un enfrentamiento de clase con el mismo. Por otro lado, la derecha política declina en sus apoyos urbanos, puesto que los nuevos sectores de clase media (profesionales, ejecutivos, técnicos, etc.) que se desarrollan al unísono con el crecimiento industrial de los años 60, tienden a articularse con un movimiento modernizante como el Demócrata Cristiano, partido éste que surge a la palestra política disputando las bases sociales de las organizaciones de derecha y de centro.
Por su parte, el Partido Demócrata Cristiano nace como producto de una escisión de la juventud del conservadorismo, que va a abrir una nueva tienda política, la Falange Nacional (matriz del Partido Demócrata Cristiano). Hasta fines de los años 50 tiene un insignificante peso electoral. En las elecciones que dieron el triunfo a Alessandri, en 1958, aumentan su poderío y ocupan el tercer lugar con un 20,7 de la votación. Pero va a ser la coyuntura que se abre en 1964 la que eleva meteóricamente a la Democracia Cristiana; en ese momento logra producir una polarización entre sus fuerzas y las marxistas, e intenta alzarse como la alternativa democrática de cambios sociales a la alternativa revolucionaria que poco tiempo antes Fidel Castro iniciara en Cuba. Su triunfo presidencial se debió en parte al apoyo sustancial que recibió de la derecha, pero fundamentalmente al hecho de haber penetrado exitosamente en las masas campesinas y urbanas marginales, ansiosas de cambios tangibles.
Las fuerzas armadas
La profesión de fe estrictamente militar de las fuerzas armadas chilenas es uno de los rasgos que la prensa más ha difundido y hecho conocer. Sin duda, este rasgo es tanto más saliente cuanto se lo compara con la situación de las fuerzas armadas de otros países latinoamericanos, y en especial, con la de los países limítrofes de Chile. La orientación profesional es verbalizada continuamente por las más altas jerarquías militares y ha sido convalidada en los hechos a lo largo de un prolongado período de la historia chilena. El último golpe de estado provocado por las fuerzas armadas chilenas data del 4 de junio de 1932; desde entonces el gobierno ha estado en las manos de diversos partidos políticos que se han sucedido constitucionalmente sin que mediara durante estos casi 40 años ninguna irrupción militar. No obstante, no debe pensarse que durante este prolongado período ha habido una absoluta “reclusión profesional”. No, se han vivido varias situaciones en las que las fuerzas armadas han manifestado claras actitudes políticas y han intentado llevarlas a la acción. Así, en 1939, poco tiempo después del triunfo del Frente Popular, se produce el llamado “Ariostazo”, un complot dirigido por el Gral. Ariosto Herrera, Comandante de la guarnición Santiago, que fracasa y es controlado el mismo día en que se produce. En 1946 y en 1948, bajo los gobiernos radicales de Juan Antonio Ríos y Gabriel González Videla, se intentan constituir grupos conspirativos que fracasan en sus mismos inicios. Más tarde, durante la presidencia del Gral. Ibañez del Campo, se destaca la actividad de dos logias militares: hacia 1951, PUMA (“Por un mañana auspicioso”), y hacia 1955, “La Línea Recta”. Finalmente, el hecho más importante se produce en 1969, hacia el término del gobierno de E. Frei. En ese momento la profesión de fe estrictamente militar da signos de un comienzo de relajación, las fuerzas armadas aparentemente se fraccionan en diversas orientaciones de acción política, y se produce un movimiento militar encabezado por el Gral. Viaux, de orientación derechista, pero que engloba una heterogeneidad de orientaciones. Este movimiento no se pronuncia por el derrocamiento del gobierno constitucional, como un golpe de estado, sino que manifiesta reivindicaciones de orden profesional: mejores sueldos, mayor equipamiento militar, etc. (hecho que llevó a los grupos políticos legalistas, contrarios al golpe, a calificar la situación como una “huelga de las fuerzas armadas”…).
Sin embargo este episodio militar revela dos aspectos importantes de la situación actual de las fuerzas armadas chilenas. Por un lado, que las mismas son también cajas de resonancia de los problemas políticos y económicos que vive Chile, que las tensiones políticas del país también se reproducen en ellas (y en este sentido baste recordar el clima crítico, social y económicamente, que acompañó la etapa final de Frei), y pueden moverlas a la acción. Por otro lado, ese episodio revelaría la dificultad de las fuerzas armadas de articular su acción y objetivos con los intereses de algún sector social y político, y que pudiera crear bases de legitimidad a su conducta. Ese episodio sirvió para mostrarlas como un sector profesional, que no puede romper su aislamiento político. A ello contribuyen las características del sistema político chileno que se destacaría, según ya se vio, por su alta capacidad para articular y canalizar a través de los diferentes partidos políticos, los intereses de los distintos sectores sociales. Y a ello también contribuye otro factor, que diferencia a las fuerzas armadas chilenas de sus colegas del Atlántico: en la historia reciente de las fuerzas armadas de los países latinoamericanos más industrializados (como Argentina y Brasil), desde cierto punto de vista las fuerzas armadas se han integrado o vinculado funcionalmente con núcleos empresariales importantes, e incluso han asumido la tarea de participar activamente en el proceso de industrialización. Ambos fenómenos en los mencionados países han llevado a la formación de una relativa unidad corporativo‑militar que desempeña un papel preponderante en las características del juego político que esos países sufren. Esta situación no se da en Chile, en donde ha sido muchas veces la burocracia pública más que la militar la que ha llevado adelante proyectos de industrialización. Por tanto, la carencia de bases económicas significativas propias constreñiría en las fuerzas armadas chilenas la capacidad de generar proyectos de desarrollo y organización de la sociedad, y consecutivamente, de liderar por sí misma los destinos del país.
El primer año de gobierno
La política económica del gobierno de la Unidad Popular durante su primer año ha tenido dos características básicas: en su aspecto económico, el planteo de una nueva modalidad de desarrollo que, entre otras cosas, supone avanzar en el proceso de socialización de los medios de producción. Y en el aspecto político, dadas las características monopólicas de la economía chilena, esa política significó el cercenamiento del poder que gozaban núcleos privilegiados.
En lo que respecta al primer aspecto, el gobierno planteó una modalidad de desarrollo cuyo eje pasaba por la integración y ampliación del mercado interno. Para tal fin arbitró una política de acentuada redistribución de ingresos que significó a la postre un poderoso estímulo, para la producción industrial: así la tasa anual de crecimiento industrial en 1971 se elevó al 8 por ciento, que viene a ser la tasa más alta de los últimos 15 años. Además, se dieron los primeros pasos para la constitución del área de propiedad social de la economía. En este sentido, los hechos más significativos han sido la nacionalización de la Gran Minería del cobre, de la minería del hierro, (que estaba controlada por capitales japoneses y americanos asociados al capital chileno), del carbón, y de varios grupos monopólicos industriales: en la rama textil, en la de minerales no metálicos (cemento), en la actividad pesquera y en la metal mecánica, donde a partir de la recuperación de la Compañía Aceros del Pacífico (CAP) se va a establecer un complejo sidero-metalúrgico que programará el desarrollo unificado de las actividades de extracción del hierro, producción de metales básicos y productos metálicos. Pero, como se dijo antes, quizás uno de los significados más importantes que ha tenido esta política económica ha sido de carácter político: el resquebrajamiento del poder de los sectores dominantes a la vez que una relativa mayor participación política y un mejoramiento en sus posibilidades objetivas de vida por parte de los núcleos siempre postergados.
En este sentido, muchas de las medidas tomadas adquieren un sentido pleno al considerar la situación de poder de los afectados. Por ejemplo, en el sector financiero el gobierno puso en marcha un novedoso procedimiento de estatización (la compra directa de las acciones en manos del sector privado, ofertando un valor bastante remunerativo para los mismos) con el fin de incorporarlos a la planificación estatal y encarar subsecuentemente la reestructuración y reorientación del sistema bancario; pero a la vez con el objetivo de quebrar los vínculos estrechos existentes entre el monopolio financiero y el industrial. A nadie puede escapar que esta medida es básica para resquebrajar las bases de acción de la burguesía monopólica que en páginas anteriores se describió. En este momento, prácticamente el 90 por ciento del crédito es controlado por el Estado. Otro tanto se da en el sector industrial, donde el gobierno ha iniciado la incorporación al área de propiedad social de numerosas empresas monopólicas, y de esa manera ha ido restringiendo las bases de acción de esa poderosa burguesía industrial monopólica. En el sector rural, la Reforma Agraria ha recibido un fuerte estímulo y durante el primer año de gobierno se ha realizado tanto o más que lo realizado durante los seis años del gobierno de Frei. Indudablemente, este ha sido uno de los motivos que ha llevado a la notable radicalización derechista de la oligarquía agraria (principalmente en el centro y sur del país). Incluso a su aprovisionamiento de armas. Por otra parte, paralela a la acción del gobierno, en el campo se ha desatado también la fuerza y acción del campesinado (principalmente los núcleos vinculados al MIR), que ha procurado, a través de su acción autónoma, radicalízar y profundizar el proceso de cambio.
Legalidad y revolución
El triunfo de la alianza de fuerzas populares en Chile ha reabierto y actualizado la polémica sobre el cambio social en América Latina.
El camino a través del cual ha triunfado esta alianza —la vía electoral— ha llevado a fortalecer sus puntos de vista a aquellos que sostienen que el marcó legal democrático-liberal admitiría en su interior procesos de cambio revolucionarios. Asimismo, la articulación del movimiento obrero con partidos políticos marxistas como elemento central y conductor de la alianza de fuerzas populares, ha llevado a afirmar en sus posiciones estratégicas a quienes entienden la necesidad de asumir posiciones clasistas en la formación de movimientos populares que aspiren a tomar el poder. De este modo, Chile concita la expectativa de quienes aspiran al cambio social; de Chile se aspira extraer conclusiones que enriquezcan las alternativas de los pueblos latinoamericanos. Pero para esto último es necesario previamente discutir a fondo la situación chilena, la especificidad que la destaca; es necesario explicarse qué condiciones abrieron la posibilidad del triunfo de las fuerzas populares, así como las características que éste asumió.
El hecho incuestionable es que, conforme a las reglas del juego democrático-liberal, el movimiento popular se había constituido en una alternativa real de poder ya desde fines de la década del 50.
Desde entonces ha encauzado constantemente un importante caudal electoral en sí mismo suficiente como para obtener la victoria. Esta posición de fuerza, a su vez, se asienta en la importancia política creciente que adquirió el proletariado chileno en décadas previas y cuya expresión más significativa se logró con el triunfo del Frente Popular. Y es este desarrollo histórico dentro del interior del sistema democrático‑liberal, asumiendo las reglas de juego del mismo, el que fundamenta y quizás legitima la posibilidad del triunfo popular.
Por otro lado, este desarrollo está implicando un tipo específico de evolución del sistema democrático-liberal, que va incorporando en su seno cada vez en mayor medida las demandas que surgen de los sectores populares. El sistema se va democratizando y en ese sentido va creando condiciones ideológicas propicias para el triunfo popular: esto es, el sistema mismo va admitiendo la posibilidad de la alternativa popular. Este elemento ideológico no explica por sí mismo el que el movimiento popular haya accedido al gobierno (para lo cual habría que remontarse a niveles más profundos de la estructura social), pero sin embargo este elemento ideológico adquirió un considerable peso en los hechos y en las decisiones que se tomaron tras el triunfo de la Unidad Popular. El problema no es simplemente tratar de explicarse cómo es que llega a triunfar el movimiento popular, sino además explicarse cómo es que puede llegar a tomar las riendas del gobierno. Y es en este sentido que el elemento ideológico que se menciona -la vigencia de la legalidad democrática- juega un papel significativo. En especial, este elemento ideológico pesa en algunos sectores de lo que podría llamarse la clase política chilena, en sectores políticos representativos tanto del centro como de la izquierda. Para estos sectores la admisibilidad del triunfo popular se visualizaría en términos de la profundización social del sistema democrático‑liberal, como una acentuación del grado de democracia social que es posible lograr dentro del sistema democrático‑liberal. Y bajo esta opción de hierro nace el gobierno de la Unidad Popular: todo dentro del sistema democrático-liberal, de acuerdo a sus reglas de juego; nada fuera de ellas. Esta opción es asumida por la Unidad Popular, y durante su primer año utiliza los mecanismos de cambio económico y político que la legalidad democrático-liberal pone en sus manos, y así traza una huella profunda que encamina hacia el proceso revolucionario.
Sin embargo, es necesario detenerse y advertir las líneas que se siguen. La Unidad Popular no tiene, obviamente, una unidad homogénea en sus tácticas y en su horizonte estratégico; en su interior hay una cierta diversificación, hay diferentes líneas y énfasis. De modo muy esquemático podrían reducirse a dos, que aquí van a ser denominadas como la línea frentepopulista y la línea radical.
La línea frentepopulista se arraiga profundamente en el movimiento popular chileno, en especial a partir de la honda experiencia que significó su participación en el Frente Popular. Si bien la alianza actual de fuerzas populares es muy distinta de la que significó aquel Frente, en tanto hoy día la conducción y hegemonía están en las manos de los partidos de base obrera y orientación marxista, sin embargo algunos aspectos ideológicos fundamentales de aquel Frente siguen perviviendo en algunos sectores de la actual Unidad Popular. Este fenómeno es analizado por sociólogos chilenos:
“Desde el punto de vista ideológico, la heterogeneidad del grupo obrero y la permanencia de la ideología del Frente Popular hace que se diluya al nivel del planteamiento político el punto de vista de clase del proletariado. Este punto de vista exclusivo es reemplazado por los intereses de «la sociedad en su totalidad». Pero como estos intereses generales no existen concretamente, se sacrifican los verdaderos intereses del conjunto de la clase obrera a la defensa de los intereses inmediatos de algunos grupos. Esta política a menudo se denomina a sí misma como «política realista», reservando el calificativo de «utópicas» a las que pretenden oponer la defensa y exclusividad de los intereses de la clase obrera en su conjunto. Por otra parte, el resultado de lo que se señala es el concebir a la democracia como una preforma de la democracia proletaria y no como la forma de dominio más elaborada de la burguesía y las más de las veces se confunde el problema del socialismo con un simple problema de ampliación de la democracia”[8].
A partir de estos supuestos el esquema de alianzas de clases procura incluir a las clases medias, a la vez que procura vertebrarse en torno a la línea de conflicto antiimperialista, englobando a todos aquellos sectores medios que objetivamente deberían oponerse a las fuerzas imperialistas.
La presencia de esta ideología frentepopulista no debe ser erróneamente achacada a los deseos de un grupo partidario, sino que, por el contrario, debe ser entendida como la manifestación a nivel político de condiciones específicas de la estructura de clases, que son las que dan pie a la emergencia de ese fenómeno. Más concretamente, son las características en que se desarrolla el proletariado industrial y minero, las que posibilitan la emergencia de un tipo de ideología como la frentepopulista. Si bien ya se han mencionado las características del proletariado chileno, vale la pena volver a mencionar aquellas que se vinculan más estrechamente con la ideología que se comenta. Principalmente, el carácter heterogéneo y desigual del desarrollo estructural que lleva a una diferenciación y fragmentación del proletariado. Estas diferenciaciones van a implicar diferentes modos de encarar la actividad política, a la que se le otorga diferentes contenidos; y lleva a los sectores relativamente más privilegiados a adoptar en su acción política y sindical
“un tinte que podríamos llamar más reformista, caracterizado por una mayor aceptación de las estructuras sociales existentes y una mayor tendencia a considerarse como miembros de la clase media, participantes en mayor medida, por lo tanto, de algunas de las formas culturales y valores de la sociedad global”[9].
Y el sociólogo chileno comenta a continuación:
“Junto a este grado de identificación con la «sociedad global» —que no es otra cosa que identificación o subordinación de los intereses de la clase obrera a los intereses de otras clases— los obreros de la industria moderna tienden a separar sus intereses del resto de la clase obrera”[10].
Por su parte, la línea que aquí se ha denominado radical formula planteamientos políticos de distinta naturaleza a los recién vistos.
“Levantamos un programa antiimperialista y anticapitalista en lo fundamental. Si bien también buscamos proteger en una primera etapa al pequeño comerciante, al pequeño propietario agrícola y al pequeño industrial, no creemos que existan sectores de la burguesía industrial o agraria con los que sea posible aliarse y menos aún protegerlos. Tampoco escondemos concesiones a estos sectores detrás de una «burguesía media», como otros confusamente intentan hacer. Para nosotros, las clases dominantes envuelven a las norteamericanas y a la burguesía industrial, financiera y agraria en su conjunto. No reconocemos la existencia de «buenos» o «malos» empresarios industriales o agrarios. No se trata para nosotros de sólo aumentar la esfera estatal de la economía, permitiendo que sectores de la gran industria y del gran agro capitalista se sigan desarrollando. No reconocemos tampoco la existencia de un feudalismo agrario con el que combatir, etcétera. En síntesis, levantamos un programa antiimperialista y anticapitalista, socialista en sus líneas fundamentales, y no un programa puramente antiimperialista, antimonopólico, antifeudal y democrático, como lo hacen algunas de las fuerzas de la Unidad Popular”[11].
Esta línea política es sustentada fundamentalmente por el MIR y sectores del partido Socialista.
Como se puede apreciar, ambas líneas políticas contienen diferentes esquemas de alianzas, diferentes tácticas e incluso diferentes consideraciones acerca de la legalidad democrático‑liberal. Si la línea frentepopulista parecería estructurarse en torno a la profundización de la legalidad democrático‑liberal, por el contrario, la línea radical parecería estructurarse en torno a la superación de tal legalidad y la creación de una nueva legalidad, una legalidad revolucionaria.
Durante el primer año de gobierno la voluntad de iniciar las transformaciones estructurales y la posibilidad de utilizar los mecanismos de legalidad democrático‑liberal para realizarlas implicaron que ambas líneas convivieran en una relativa armonía. De este modo se avanzó considerablemente por una senda revolucionaria.
Pero la puesta en marcha de estos cambios económicos y políticos llevaron a las fuerzas opositoras a unificarse, llevaron a que los grupos privilegiados afectados por este proceso de cambios usaran también y plenamente los propios mecanismos de la legalidad para atajar e impedir tales cambios. El enfrentamiento entre el movimiento de la Unidad Popular y los sectores opositores se agudiza hacia el fin de ese primer año de gobierno. Y ese enfrentamiento repercute dentro del movimiento de la Unidad Popular abriendo las compuertas del conflicto político interno.
Ambas líneas políticas, la frentepopulista y la radical, surgen claramente como opciones presentes, reales, para encauzar el movimiento popular en su enfrentamiento con los sectores privilegiados. El segundo año de gobierno se inicia, pues, bajo circunstancias que llevan al movimiento popular a adoptar una opción histórica.
NOTAS Y BIBLIOGRAFIA
1 Aníbal Pinto: Chile, un caso de desarrollo frustrado. Ed. Universitaria, Santiago, pág. 185.
2 Aníbal Pinto: Desarrollo económico y relaciones sociales. Artículo incluido en: Chile hoy (de varios autores). Siglo XXI, México, 1970, pág.- 25
3 Pedro Vuskovic: Introducción al estudio económico de 1968. Borrador. CEPAL, marzo 1969, pág. 22.
4 Tomado de la Exposición de Hacienda Pública realizada por el Ministro de Hacienda, Américo Zorrilla, el 27 de noviembre de 1970. Extracto publicado en: El pensamiento económico del gobierno de Allende. Ed. Universitaria, 1971, pág. 14.
5 Datos tomados de Gabriel Gasic: Concentración, entrelazamiento y desnacionalización en la industria manufacturera. Universidad de Chile, pág. 197.
6 Adolfo Gurrieri: Consideraciones sobre los sindicatos chilenos. ILPES, marzo 1968, pág. 52.
7 Enzo Faletto y Eduardo Ruiz: Conflicto político y estructura social. Artículo incluido en Chile hoy, pág. 245.
8 E. Faletto y E. Ruiz: op. cit., pág. 225.
9 E. Faletto y E. Ruiz: op. cit., pág. 253.
10 Citado por E. Faletto y E. Ruiz: op. cit., pág. 239, del trabajo de T. Di Tella y otros: Sindicato y comunidad: dos tipos de estructura sindical latinoamericana.
11 E. Faletto y E. Ruiz: op. cit., pág. 239.
12 Tomado de la declaración del Secretariado Nacional del MIR, de abril-mayo 1970.
LA CONCENTRACION DEL PODER ECONOMICO
El desarrollo capitalista anárquico y desequilibrado, regido por la concurrencia entre débiles y poderosos, se traduce en una creciente concentración de los medios de producción en manos de unos pocos, en la monopolización de la economía. Este proceso en nuestro país ha alcanzado un grado extraordinariamente elevado y repercute en todos los aspectos de la vida nacional. Una visión de conjunto muestra que sólo 284 empresas controlaban todos y cada uno de los sectores y subsectores de la actividad económica y que el 17% de los sociedades anónimas concentraban el 78% de los activos totales de ella. A esta concentración por empresas se agrega un fenómeno similar dentro de cada empresa, que ha llegado a un nivel tal que de las 161 sociedades anónimas más grandes de Chile, excluyendo bancos y compañías de seguros, sólo los 10 mayores accionistas controlaban más del 90% del capital en acciones. Y si a ello sumamos que son en muchos casos las mismas personas las que poseen acciones en las distintas empresas, nos podremos explicar en qué medida la economía chilena está controlada por un puñado de grandes monopolistas.
La producción industrial era controlada por sólo 114 empresas y en determinados sectores esto era más agudo aún. Por ejemplo, del total de las sociedades anónimas textiles, sólo 5 de ellas (3,9%) controlaba ya en 1958 el 41,8% de los activos, y la mayor de ellas poseía el 15% de los activos totales. El entrelazamiento de los capitalistas del sector daba origen a 5 grupos principales, que controlaban más del 70% de los activos. En la fabricación de productos minerales no metálicos —esencialmente materiales de construcción— el 15% de las sociedades controlaba el 73,5 de los activos, y en el subsector de la producción de cemento un solo gran monopolio controlaba el 62,6% de los activos. En las actividades de la distribución, de un total de 915 empresas que actuaban en 1968 en el comercio mayorista, sólo 9 de ellas (algo menos del 1%) controlaba casi el 30% de las ventas totales.
En el sector bancario la concentración es también muy elevada. Entre los bancos nacionales privados, tres de ellos concentraban, al 30 de junio de este año, el 44,5% de los depósitos, se apropiaban del 55,1% de las utilidades y realizaban el 44,3% de las colocaciones. Es más, sólo un banco se apropiaba de más de un tercio de las utilidades y representaba más de un cuarto de las colocaciones y los depósitos. En las condiciones de esta concentración bancaria no es extraño, más aún frente a la concentración industrial y comercial, que sólo el 0,4% de los deudores (66 deudores) haya dispuesto del 28,6% del crédito en 1969, y que sólo 200 deudores se hayan apropiado de casi la mitad del crédito total, reflejando de este modo el funcionamiento del sistema en favor de los grandes monopolistas. La concentración del poder económico es un rasgo distintivo de la economía chilena, tanto por su gran magnitud como por la amplitud de sectores que abarca.
Américo Zorrilla, Ministro de Hacienda Noviembre de 1970
ALLENDE Y EL SOCIALISMO
Las ventajas del socialismo no surgen espectacularmente en las primeras etapas de su construcción. Pero los obstáculos se superan con la creación de una verdadera moral de trabajo, con la movilización política del proletariado no sólo alrededor de su gobierno, sino alrededor de sus medios de producción.
El establecimiento del área de propiedad social no significa crear un capitalismo de Estado sino el verdadero comienzo de una estructura socialista.
El área de propiedad social será dirigida conjuntamente por los trabajadores y los representantes del Estado, nexo de unión entre cada empresa y el conjunto de la economía nacional. No serán empresas burocráticas e ineficaces sino unidades altamente productivas que encabezarán el desarrollo del país y conferirán una nueva dimensión a las relaciones laborales.
Nuestro régimen de transición no contempla la existencia del mercado como única guía del proceso económico. La planificación será la principal orientadora de los recursos productivos. Algunos pensarán que hay otros caminos. Pero formar empresas de trabajadores integradas al mercado liberal significaría disfrazar a los asalariados de supuestos capitalistas e insistir en un medio históricamente fracasado. La supremacía del área de propiedad social supone la captación y utilización del excedente por ellos generado. Por consiguiente, es necesario garantizar que el sector financiero y gran parte del sector de distribución integren el área de propiedad social.
En síntesis, es preciso controlar el proceso productivo, el financiero y, parcialmente, el de comercialización. Debemos fortalecer el área de propiedad social volcando en su favor el poder del Estado traducido en su política económica: las políticas crediticia, fiscal, monetaria, de salarios, científica y tecnológica, la política de comercio exterior, deben quedar subordinadas a las necesidades de acumulación socialista, es decir, a los intereses de los trabajadores. Paralelamente, debemos ayudar en la ejecución de su aporte a los pequeños y medianos industriales, comerciantes y agricultores, que han sido durante muchos años un estrato explotado por los grandes monopolios. Nuestra política económica les garantiza un trato equitativo. No habrá más expoliación financiera, se terminará la extorsión del gran comprador frente al pequeño vendedor. Las industrias pequeñas y medianas tendrán un papel activo en la construcción de la nueva economía. Insertos en un aparato organizado más racionalmente, y orientado a producir para la gran mayoría de los chilenos, apreciarán el respaldo del área social. Los límites de los sectores privado, mixto y social serán establecidos con precisión. Estamos enfrentando una alternativa de cambio singular en la historia económica. Ningún país ha logrado un desarrollo económico aceptable sin ingentes sacrificios. El socialismo no es un don gratuito que encuentran los pueblos casualmente en su camino. La liberación que trae consigo, tampoco. Obtenerlo significa postergar algunas posibilidades presentes a cambio de sentar para el futuro las bases de una sociedad más humana, más rica y más justa.
LOS VOCEROS DE LA LIBERTAD
Las condiciones de la estructura económica chilena llevan al surgimiento de una gran burguesía dominante basada por un lado en su carácter monopólico y por otro en un profundo entrelazamiento intersectorial.
Como un indicador sumamente ilustrativo de las condiciones monopólicas en que se desenvuelve la industria chilena señalamos que en 1968, en las tres cuartas partes de las ramas industriales, las tres empresas más grandes de cada una de esas ramas acumulaba más de la mitad del capital de esa rama.
Bajo esas condiciones parecería “natural” que surgieran grupos económicos que controlan diferentes sectores económicos. A continuación se mencionará uno de tales grupos, por ser uno de los más ilustrativos.
Agustín Edwards E. es conocido fuera de Chile por haber sido recientemente Presidente de la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP), así como por ser director‑propietario del periódico “El Mercurio”, el decano de los periódicos chilenos y actualmente uno de los principales voceros de la oposición a la Unidad Popular.
Además de ese diario, la familia Edwards controla el 38,2% del capital del Banco Edwards (y a través del mismo controlan a un número no exactamente delimitado de otras empresas). La familia Edwards participa también en la actividad industrial, y de un modo altamente significativo. En el listado de las 100 empresas (Sociedades Anónimas) más grandes de la industria chilena en 1967 resultaba que la familia Edwards controlaba las siguientes (en algunos casos asociados a capital extranjero): la Compañía Cervecerías Unidas, ubicada en 6° lugar; la Compañía Industrial, en el 14° lugar; Indus Lever, en la 181 posición; la Empresa El Mercurio, en la 21,3 posición; la Pesquera Coloso, en 511 posición; Hucke Hnos. S.A., en 571 posición; la Editorial Lord Cochrane, en 851 posición; Aceites y Alcoholes Patria, en 911 posición. Sumando estas ocho empresas se obtiene que ellas vienen a representar nada menos que el 6,2 del total del capital de las empresas industriales constituidas jurídicamente como sociedades anónimas. Además, la familia Edwards participa también en la actividad agrícola, en la comercial, en seguros (controlando a uno de los principales grupos el Consorcio La Chilena Consolidada).
EL PAPEL DE LOS TRABAJADORES SEGUN ALLENDE
Todo lo que hemos planteado en el campo político, económico, cultural e internacional es tarea de un pueblo. No de un hombre ni de un Gobierno. Entre noviembre y febrero el número de trabajadores que ha debido recurrir a la huelga ha disminuido de 170.000 en el período anterior a 76.000 en éste. La identidad del Gobierno Popular con los trabajadores, compartiendo éxitos y desaciertos, ha hecho innecesarios conflictos que antes fueron inevitables. Este año no ha habido huelgas ni en el carbón, ni en el cobre, el hierro, los textiles, la salud, la enseñanza ni los ferrocarriles. O sea, no ha habido huelgas en las actividades vitales para el progreso del país. Quiero destacar que por primera vez en Chile el trabajo voluntario es permanente en algunas empresas estatizadas. Y que también por primera vez se realiza en forma masiva de Arica a Magallanes, en todos los ámbitos de la actividad nacional. Soldados y sacerdotes, estudiantes y obreros, profesionales y comerciantes, ancianos y muchachas, libres y espontáneamente contribuyen a la tarea común con horas que les pertenecen. Manifestación creadora más allá de la concepción del trabajo-mercancía. Y elocuente respuesta a quienes, dentro y fuera de Chile, pretenden hacer creer cosas que nunca ocurrieron ni ocurrirán. En este país hay y habrá un Gobierno que sabe qué métodos aplica y cuándo. Como Presidente asumo la responsabilidad de ello.
Las grandes acciones que tenemos por delante se enfrentarán con la identificación responsable y esforzada de nuestro trabajador consigo mismo, con sus auténticos intereses que van mucho más allá de los pequeños o grandes problemas de este día, de este mes o de este año.
En la integración de los trabajadores y de su representante político, el Gobierno Popular, tenemos un instrumento invencible. Los que viven de su trabajo tienen en sus manos la dirección política del Estado. Suprema responsabilidad. La construcción del nuevo régimen social encuentra en la base, en el pueblo, su actor y su juez. Al Estado corresponde orientar, organizar y dirigir, pero de ninguna manera reemplazar la voluntad de los trabajadores. Tanto en lo económico como en lo político los propios trabajadores deben detentar el poder de decidir. Conseguirlo será el triunfo de la revolución.
Mensaje del presidente Allende al Congreso. 1971.
[1] Aníbal Pinto: Chile, un caso de desarrollo frustrado. Ed. Universitaria, Santiago, pág. 185.
[2] Aníbal Pinto: Desarrollo económico y relaciones sociales. Artículo incluido en: Chile hoy (de varios autores). Siglo XXI, México, 1970, pág. 25
[3] Pedro Vuskovic: Introducción al estudio económico de 1968. Borrador. CEPAL, marzo 1969, pág. 22.
[4] Tomado de la Exposición de Hacienda Pública realizada por el Ministro de Hacienda, Américo Zorrilla, el 27 de noviembre de 1970. Extracto publicado en: El pensamiento económico del gobierno de Allende. Ed. Universitaria, 1971, pág. 14.
[5] Adolfo Gurrieri: Consideraciones sobre los sindicatos chilenos. ILPES, marzo 1968, pág. 52.
[6] Enzo Faletto y Eduardo Ruiz: Conflicto político y estructura social. Artículo incluido en Chile hoy, pág. 245.
[7] E. Faletto y E. Ruiz: op. cit., pág. 225.
[8] E. Faletto y E. Ruiz: op. cit., pág. 253.
[9] Citado por E. Faletto y E. Ruiz: op. cit., pág. 239, del trabajo de T. Di Tella y otros: Sindicato y comunidad: dos tipos de estructura sindical latinoamericana.
[10] E. Faletto y E. Ruiz: op. cit., pág. 239.
[11] Tomado de la declaración del Secretariado Nacional del MIR, de abril-mayo 1970.