Silvia Severini
© 1973
Centro Editor de América Latina - Cangallo 1228
Impreso en Argentina
Índice
El golpe militar de 1964 y la política integracionista de Estados Unidos 8
Las FF.AA. y el esquema de la “seguridad armada” 10
Política económico-social del subimperialismo. 11
En 1889, al proclamarse la República y luego de más de medio siglo de independencia política, Brasil no se diferenciaba demasiado en su estructura social de lo que había sido durante el tiempo de vida colonial.
La gran propiedad territorial continuaba siendo la unidad económica básica alrededor de la cual se organizaba la sociedad. Esta ordenación se estructuraba a través del sistema de plantaciones, caracterizado por el régimen esclavista en sus relaciones sociales y por el importante tráfico comercial a que la actividad monoproductora daba lugar. En lo formal, el cambio de régimen no pasó de ser un golpe militar con la intervención de pequeños grupos civiles y con ausencia total de la participación popular. Pero en lo sustancial lo que el proyecto republicano intentó fue quebrar los obstáculos que el antiguo sistema oponía a las nuevas perspectivas económicas que comenzaban a vislumbrarse.
La república oligárquica
Desde los últimos años del Imperio venía produciéndose una amplia expansión de las fuerzas productivas que era trabada por fórmulas políticas y sociales perimidas y ya carentes de sentido. Con el advenimiento de la República se activará aún más la tendencia expansionista que obedecía tanto a factores externos como internos. Entre los primeros el más importante fue el gran incremento del comercio internacional debido principalmente al proceso de industrialización que se desarrollaba en los países europeos y en los Estados Unidos y el consiguiente ascenso que implicaba para esos países en su nivel de vida. Para Brasil, concretamente esa coyuntura significó la ampliación progresiva de los mercados externos para materias primas y productos alimenticios. El liberalismo en lo económico se presentó como la posibilidad más adecuada para consumar estas nuevas perspectivas comerciales, cuya viabilidad se acentuaba merced a los nuevos adelantos técnicos.
También factores internos venían gestando las condiciones favorables para la expansión económica.
Uno de los problemas, la escasez de la mano de obra, se intentó resolver por un lado quitando algunos de los obstáculos que existían para el desenvolvimiento del trabajo libre, para lo cual el primer paso fue la abolición jurídica de la esclavitud; y por otro lado fomentando la inmigración del excedente de población de los países europeos. En la conformación económico-social interna comienzan a producirse cambios que primeramente se manifestaron en un resurgimiento económico cuyo principal índice fue el crecimiento del comercio externo, en donde efectivamente se verificó para este período un avance y un ritmo de crecimiento nunca alcanzado hasta ese momento en la historia brasileña.
Junto a la oligarquía feudal propietaria de las grandes extensiones de tierra, comenzó a consolidarse por un lado una clase comerciante urbana cuyos orígenes datan de la época Republicana estando ligada ya desde aquel entonces al mercado externo, y por otro lado otros sectores también comerciales que se volcaron a la actividad agrícola. Estos últimos actuaron como nexo entre los mercados externos y los sectores rurales que tendían al aislamiento. En su surgimiento ya se perfilaban como una burguesía que, además de vincularse a la producción agrícola en las regiones nuevas donde el producto cultivable era el café, ejercían su influencia también sobre el control de las operaciones de importación y exportación de esos productos.
La ampliación creciente de la demanda internacional del café y el consiguiente aumento de la importancia relativa de este producto en el volumen del conjunto de las exportaciones trajo consigo la ingerencia cada vez mayor de la burguesía cafetalera en la vida económica de la sociedad global. Paulatinamente y al tiempo que consolidaba su base económica intenta también abrirse paso dentro del orden político. Los imperativos de la economía de exportación trajeron además otras consecuencias. Al tener lugar las nuevas actividades agrícolas, y especialmente la expansión del café, en tierras anteriormente deshabitadas, se produjeron importantes migraciones de poblaciones desde las viejas regiones donde primaba la gran hacienda hacia las nuevas, en las cuales el comercio también tuvo un rápido desarrollo. La consecuencia inmediata fue la formación de núcleos urbanos que no tardaron en crecer. La fuerza de trabajo que se concentró en los nuevos centros urbanos provino fundamentalmente de la inmigración europea.
El difícil acceso a la tierra por su alto valor dado que continuaba en manos de la oligarquía, empujaba a los inmigrantes a las zonas nuevas en donde la demanda de mano de obra crecía aceleradamente y el nivel económico y social ofrecía mejores oportunidades. Comenzó a perfilarse entonces una masa popular urbana independizada del poder de los propietarios y que, al estar constituida en gran parte por los inmigrantes europeos, contaba con experiencia en el trabajo libre y en las luchas reivindicativas. No ocurría lo mismo en las demás zonas del país en las cuales continuaba primando la gran propiedad territorial y donde si bien ya no existía la esclavitud, los propietarios de la tierra ensayaban muchos métodos para retener al ex esclavo en ella. El endeudamiento progresivo del nuevo trabajador libre con su patrón fue el más común de ellos. En lo referente al orden político, de la unidad Imperial, con el sistema Republicano Brasil pasó a ser una federación sumamente descentralizada donde los nuevos estados contaban con una gran autonomía administrativa, financiera y también política. El gobierno central cumplió la función de mantener la unidad política nacional y poco a poco pasó a ser también un centro de creciente importancia en las decisiones económicas. Paulatina y progresivamente el gobierno fue cediendo a las presiones de la burguesía cafetalera, para que se convierta en su instrumento. Primeras manifestaciones de los resultados de esta presión fueron la compra por parte del gobierno de los excedentes de café para impedir el abaratamiento de los precios, la financiación de la inmigración europea frente a la falta de mano de obra en las regiones cafetaleras, la financiación de las operaciones de compra y venta del café, etc. Este período de “desarrollo hacia afuera” trajo para la economía brasileña consecuencias más profundas.
La conversión de Brasil en uno de los grandes productores mundiales de materias primas y productos tropicales trajo aparejado como efecto más importante a nivel económico la dedicación de todas sus fuerzas productivas a esa actividad.
A partir de este hecho decayó la producción de artículos manufacturados, de artículos de consumo interno, lo cual creó la necesidad de una cantidad y una diversificación mayor de las importaciones, muchas de las cuales eran productos de primera necesidad. En un primer momento el volumen de las importaciones no incidió demasiado en la balanza exterior de pagos, dado que por su parte el de las exportaciones era mayor y altamente redituable.
Pero no transcurrió mucho tiempo para que este modelo de desarrollo económico dejara de proveer dividendos.
La concentración cada vez mayor de todas las actividades en la producción de los artículos exportables y la organización de toda la vida del país sobre esa base dependiente de los mercados internacionales, comprometía seriamente su estabilidad ya que mientras por un lado, y aunque desequilibradamente, se desarrollaban las fuerzas productivas, por el otro se acentuaban los factores de la dependencia externa.
En 1896 con la baja del precio del café en el mercado internacional, fue cuando más claramente se visualizó esta condición que enfrentó a Brasil con una situación nueva: la superproducción. Comienza así un período crítico en el que la disminución de la capacidad de importación pasa a ser uno de los problemas más acuciantes y de mayor urgencia para resolver. Como resultante, en los primeros años de este siglo la industria brasileña, hasta ese entonces escasamente desarrollada, cobró el primer impulso de importancia.
Posteriormente, la primera guerra mundial permitió profundizar y acelerar con un nuevo impulso este proceso en marcha. Con ella, se redujo la competencia de los productos extranjeros por la fuerte caída del cambio en el comercio internacional y, consecuentemente, declinó la importación desde los países beligerantes.
Paralelamente se elevaron las tarifas aduaneras, todo lo cual contribuyó a la apertura de un período de prosperidad y gran desarrollo industrial. Es la etapa denominada de “sustitución de importaciones”. Luego de la primera urbanización producida por el desarrollo del sector exportador, se asiste a un segundo proceso de urbanización de neta base industrial. Con él surge un fuerte proletariado urbano que se sumó a los anteriores contingentes sociales, los cuales fundamentalmente habían sido absorbidos por el sector servicios y el comercial, conformando a esta altura del proceso vastos sectores de clase media.
En lo referente a la clase media, muchos sectores de ella ya aparecen asociados a intereses directamente vinculados con el proceso de industrialización, y a través de él, también con el mercado interno y el comercio urbano. La burguesía con base industrial que comenzó a conformarse a partir de esta situación junto con la que por sus orígenes procedía de los sectores agricultores capitalistas, hizo sentir su presencia en el sistema político que todavía era monopolizado fundamentalmente por las diversas fracciones de la oligarquía.
Las presiones en este sentido no eran nuevas en el escenario político brasileño. Las perturbaciones políticas a las que asistió el país en el período que va desde 1890 a 1930 tienen mucho que ver con el conflicto creciente entre los grupos oligárquicos (tanto los exportadores como los latifundistas no exportadores) que detentaban el poder y los grupos medios urbanos que, consolidando paulatinamente su situación económica, necesitaban tener acceso al sistema de poder político.
Las Fuerzas Armadas se constituyeron en uno de los más importantes instrumentos que la nueva burguesía intentó utilizar para lograr la evolución institucional que le permitiera su participación política y a la que la oligarquía se resistía. El objetivo era la estructuración de un sistema republicano liberal que sustituyera el ordenamiento oligárquico. En los primeros años de este siglo estos conflictos se tradujeron en el acentuamiento de las tensiones expresadas políticamente a través del “tenentismo”, que no fue otra cosa que un movimiento a través del cual los sectores medios urbanos vehiculizaron su proyecto político. Y lo hicieron fundamentalmente a través de los cuadros de oficiales jóvenes del ejército que fueron quienes promovieron y encabezaron una serie de levantamientos y acciones político-militares entre las cuales las más importantes fueron las registradas en 1922 (Río de Janeiro), 1924 (San Pablo), 1926 (Río Grande). Todos estos levantamientos fueron frustrados, no pudiendo quebrar las resistencias de la República Oligárquica.
Pero la burguesía y las Fuerzas Armadas no estaban solas en su lucha por el acceso al poder político.
A su lado estaban las masas populares urbanas que hicieron sentir su presencia presionando también para sustituir a la república oligárquica, pero que le daban al proceso y a la lucha otro contenido.
La crisis mundial de 1929 se presentó internamente como una coyuntura que favoreció las aspiraciones de la burguesía industrial. Dada la situación económica internacional, la desorganización de la economía que aún continuaba dependiente de los mercados externos, produjo una brusca reducción de las exportaciones y una interrupción en la afluencia de capitales extranjeros. Esta situación determinó nuevamente un profundo desequilibrio en la balanza exterior de pagos.
La consecuencia inmediata fue la declinación de las importaciones y el subsiguiente crecimiento de la producción nativa tanto agrícola como industrial.
La importancia de esta coyuntura radicó en que ocasionó el debilitamiento de la oligarquía agroexportadora y la consolidación y fortalecimiento de la burguesía industrial, por la variación en la base económica de sustentación de cada una de ellas. El orden oligárquico no tuvo la flexibilidad necesaria para asimilar el impacto y así se abrió paso a la presión acumulada de los sectores postergados por la supremacía agroexportadora.
La revolución de 1930
Todos estos factores hicieron eclosión en 1930. La causa inmediata fue la entusiasta campaña presidencial a través de la cual Getulio Vargas se postulaba para presidente de la República como candidato de la denominada Alianza Liberal, y que mediante una clara operación de fraude culminó con la derrota de Vargas. Pero la derrota que significaban los resultados oficiales no detuvo a los nuevos sectores sociales que expresaban, a través de la Alianza y de Vargas, sus aspiraciones políticas. Por el contrario, el proceso ya había avanzado demasiado. A través de los miembros adictos de las Fuerzas Armadas, los “tenentistas” y de los nuevos grupos de oposición que se iban sumando, se conspiró abiertamente.
El 3 de octubre de 1930 se produjo el enfrentamiento que concluiría más adelante en el desmoronamiento definitivo de la República Oligárquica. La lucha, que prontamente se extendió a otras zonas, se desarrolló entre las tropas leales al gobierno y las que se sublevaron para pasar a la oposición, que contaban también con colaboración de población civil. La resistencia gubernamental fue vencida, y a fines de octubre una junta gubernamental sustituía al presidente, y a los pocos días Getulio Vargas asumía la jefatura del gobierno provisional.
En la trayectoria varguista en la vida política brasileña, es posible delimitar básicamente dos Períodos: desde 1930 hasta 1945 el primero, y desde 1951 hasta 1954 el segundo. Desde el mismo instante en que la alianza revolucionaria logró el derrocamiento del régimen oligárquico, comenzó a mostrar la lucha que aceleradamente se profundizaba entre los distintos sectores que la conformaban y que signaría la trayectoria del equipo getulista. No serían esos los únicos acontecimientos que convulsionarían los primeros años del período que se inicia en 1930. Desde ese momento y hasta poco tiempo antes de la instauración del “Estado Novo” en 1937, se sucedieron intentos de golpes y levantamientos contra el poder central por parte de las fuerzas contrarrevolucionarias que habían sido desplazadas con el movimiento de octubre. Mantener bajo su control el aparato del Estado y asegurarse la continuidad en el poder fue entonces uno de los problemas centrales con que se enfrentó el varguismo. El otro problema grave era la ejecución de una política mediatizada en un programa de transformaciones que volviera menos vulnerable al sistema económico brasileño. Para ello era necesario neutralizar las fuerzas que representaban los intereses del orden depuesto.
El punto en el que se centró el programa de transformaciones que se intentó impulsar fue la profundización del proceso de industrialización. De éste se ocupó especialmente el Estado, tratando de mantener y asegurar el control de los recursos naturales del país y en la búsqueda del fortalecimiento de la unidad nacional.
La industrialización se orientó en primer lugar en función del desarrollo del proceso de sustitución de importaciones y para ello fueron fomentadas no sólo las ramas tradicionales de las industrias sino también otras ramas industriales como las de consumo duradero, de bienes intermedios, etc. Fue el Estado quien básicamente impulsó esta política, la burguesía industrial solamente la continuaba. Como señalan Cardoso y Faletto:
“La preocupación por formar un mercado interno capaz de estimular el desarrollo y de conducirlos posteriormente hacia una expansión autosustentada, no surgió ni se transformó en política efectiva a partir de los sectores empresariales; sólo en un segundo momento, los grupos empresariales —cuando ya el impulso industrialista estaba dado— volcaron sus intereses hacia ese tipo de política.”[1]
La política económica de Vargas estuvo enmarcada en el contexto de un nacionalismo que le permitió un control mayor sobre la propia economía y la recuperación de algunos de los recursos del país, que habían sido enajenados a través de acuerdos con empresas extranjeras.
Muchas medidas tomadas por el ejecutivo dan cuenta de esta orientación: cancelación de concesiones del gobierno de Amazonas a empresas de la Standard Oil: anulación de contratos por los cuales se otorgaban yacimientos de hierro a la Itabera Iron; monopolio cambiario y control del comercio exterior; nuevo sistema de tarifas aduaneras para la industria nacional; incorporación al patrimonio nacional de los yacimientos mineros, etc.
Pero, paralelamente, el varguismo fortaleció simultáneamente el poder económico de algunos sectores tradicionales.
La creación de los sectores económicos modernos volvió necesaria la alianza política con la fracción más atrasada de los grupos tradicionales, que era la de los latifundistas no exportadores (durante les primeros años posteriores a la revolución los sectores agroexportadores quedaron fuera del poder).
La oligarquía latifundista no exportadora, marginada del poder, y en decadencia económica durante los años de la República Oligárquica, había formado parte también de la alianza de 1930. Su existencia en ella y la debilidad política de los grupos industriales urbanos, explican la necesidad de su apoyo para llevar adelante el proceso iniciado después de la revolución.
En cuanto a la política social, también fue desarrollada por Vargas a través de un proceso contradictorio que dio lugar a que se caracterice el primer período de su actuación política como el de un “nacionalismo paternalista”.
Atendiendo a las necesidades de los sectores populares, especialmente los urbanos, promovió el desarrollo de las organizaciones sindicales, creando una legislación laboral que incorporaba muchas de las más altas aspiraciones de la clase trabajadora: licencia anual (que ya existía pero nunca se había cumplido); jornada de ocho horas; reglamentación del trabajo de la mujer y de los menores; indemnización por despido, etc. La legislación laboral fue sucesivamente enriquecida, y para 1943 es posible afirmar que era una de las más avanzadas del mundo capitalista.
Pero los beneficios implantados para los sectores obreros urbanos se desarrollaron en el marco de un fuerte control estatal que reprimía violentamente cualquier tipo de manifestación espontánea que surgiera de las fuerzas populares. Se prohibieron las huelgas, y se fomentó el surgimiento de dirigentes burocratizados al servicio del Ministerio de Trabajo, perdiendo los sindicatos casi totalmente su autonomía, y quedando bajo la tutela estricta del Estado. Según Leoncio Martins Rodríguez:
“La intervención estatal en la ‘cuestión obrera’ debe ser entendida teniendo en cuenta el papel que se reserva el Estado en las áreas de desarrollo atrasado. En la medida en que el aparato estatal se adecuaba para asumir progresivamente mayores responsabilidades en el establecimiento de condiciones para la expansión industrial y para la modernización de la sociedad, procurando suplir con su iniciativa y visión global las deficiencias del sector privado, ante la inexistencia de un sector empresarial más poderoso, hacíase necesario en el plano de las relaciones industriales, poner en marcha un conjunto de leyes y medidas de protección al trabajo. Tratábase principalmente de lograr la permanencia del obrero en el trabajo fabril, apurar la formación de una mano de obra profesionalmente más apta para atender los requisitos de una industria en expansión y, al mismo tiempo, eliminar las fricciones más graves y constantes entre el capital y el trabajo, que perjudicaban la marcha de la producción y creaban focos de agitación.”[2]
Por otra parte, el sindicalismo anterior a la revolución, no estuvo en condiciones de resistir la reorganización emprendida por el Estado y su posterior control.
La política del anarquismo que había prevalecido entre los sectores obreros en los años anteriores a 1930, mostró prontamente su inadecuación a la nueva situación. El gran crecimiento numérico de las masas obreras urbanas, su posibilidad de participación electoral y la ruptura política con los grupos anteriormente dominantes, comenzaron a crear condiciones para una presión desde dentro de las mismas instituciones del sistema que requería otro modo de acción por parte de los mismos sectores populares.
La inclusión de esta masa en el proceso de desarrollo nacional fue creciente, aunque no sucedió lo mismo con los sectores rurales. Estos, junto con las masas marginales urbanas, en general permanecieron aislados de los beneficios del desarrollo y su exclusión se debió principalmente a la alianza con los sectores oligárquicos latifundistas cuya fuerza política se basaba en el mantenimiento de las formas de propiedad de la tierra.
Los conflictos entre los distintos sectores a que condujo el proceso iniciado con la revolución comenzaron a agudizarse en las postrimerías de la década del treinta.
A nivel interno el panorama se agravó con la aparición de grupos políticos que se constituyeron en la expresión de fuerzas sociales con intereses opuestos y cuya importancia no era despreciable.
Uno de ellos fue la Alianza Nacional Liberadora, movimiento formado por sectores de la izquierda tradicional y acaudillado por Luis Prestes (líder del Partido Comunista) que intentó, en 1935, derrocar al gobierno, pero fue prontamente dominado.
En el otro extremo hubo intentos de alzamientos, también frustrados, por parte del Integralismo, partido de clara inspiración fascista. A nivel externo, por otra parte, las dificultades en el mercado mundial que se tradujeron en el deterioro de los términos del intercambio, hicieron tambalear nuevamente la economía del país.
Es este panorama, y el consiguiente margen de maniobra que le restaba a su accionar desde el gobierno, el que llevó a Vargas a dar él mismo un golpe de Estado en noviembre de 1937 con el cual se instauró el “Estado Novo”. La nueva Constitución a través de la cual se mediatizó el Estado Novo aumentaba el poder del presidente frente al Congreso y disminuía fuertemente el de los Estados frente al gobierno federal. De este modo, Vargas pudo diluir por un tiempo las resistencias abiertas usando plenamente sus poderes con el fin de lograr una libertad de acción que le era imprescindible en esa coyuntura.
A través de la instauración del Estado Novo, se avanzó en el camino de la obtención de conquistas nacionales y la consolidación de las ya obtenidas.
Pero las características represivas anteriores a 1937 aumentaron con el Estado Novo. Así, por ejemplo, en lo que se refiere al movimiento obrero, los pocos vestigios de autonomía que todavía conservaban los sindicatos, desaparecieron, y el control hacia ellos por parte del gobierno fue cada vez mayor. Del mismo modo, se reprimió con violencia cualquier manifestación política proveniente del movimiento obrero. Logrando contener las contradicciones que acarreaba consigo, este rumbo siguió la administración varguista hasta los primeros años de la década del 40.
A partir de esos años comenzaron a manifestarse síntomas de una nueva orientación que tendería a transformar las características del gobierno jetuIista.
Al aproximarse el fin de la Segunda Guerra Mundial, las formas del Estado Novo se volvieron inadecuadas para los nuevos tiempos. Getulio Vargas supo comprender tales síntomas y pretendió conducir los acontecimientos, asegurando las conquistas nacionales que el Estado Novo había traído consigo, pero superando sus características represivas. Surgieron así las primeras expresiones de lo que parecía una tendencia a transformar el nacionalismo paternalista en nacionalismo de masas. Pero el momento histórico no era el propicio. A nivel interno, las contradicciones entre los grupos que se mantenían en el poder, se habían agudizado: por el crecimiento constante del sector industrial por un lado, y las dificultades crecientes en el sector externo de la economía por el otro. Este hecho introdujo asperezas en la complementariedad de todos modos estructural, que existía entre el desarrollo industrial y las actividades agroexportadoras, provocando una profundización del conflicto entre los grupos de intereses que representaban a cada una de esas actividades.
El sector industrial que había volcado plenamente sus intereses al proceso de industrialización cuando éste ya estaba en marcha a partir del primer impulso dado por el Estado, a medida que vio ampliada su base económica, comenzó a ejercer presiones cada vez más fuertes contra la ineficacia del Estado como empresario, y contra la política social que éste lleva a cabo. Consolidada su posición económica, pretendieron la hegemonía dentro de los grupos dominantes, sobre todo en ese momento en que las inversiones provenientes de las divisas ingresadas al país por la actividad exportadora, habían comenzado a mermar, fundamentalmente a causa de la estructura económica interna en que se basaba esa actividad.
A todo ello se debe agregar la presión de las masas en la búsqueda de nuevas conquistas sociales, estimulada por la profundización de la política social llevada a cabo por el gobierno hasta el momento. A nivel externo, la coyuntura internacional, y las Estados Unidos-Brasil fueron el condicionamiento mayor de los sucesos que se avecinaban.
Pese al apoyo de Vargas a Estados Unidos durante la Segunda Guerra Mundial, el proceso de nacionalización que aquél había emprendido no fue bien mirado en ningún momento por el país del norte, que ya en ese entonces conocía la importancia de Brasil para el destino latinoamericano.
El desenlace era de preveer. Ni la convocatoria a Asamblea Constituyente, ni la reorganización del régimen de partidos, intentos varguistas para reorientar el rumbo de la política del país hacia una mayor democratización, tuvieron peso suficiente como para compensar el efecto que el decreto ley antitrust 7666 (manifestación clara del antiimperialismo brasileño) había causado en los círculos metropolitanos. En los primeros días de octubre de 1945, el embajador norteamericano daba la señal para el golpe que sería llevado a cabo con el apoyo interno de todos aquellos grupos de la oposición para los cuales Vargas significaba cada vez más una amenaza.
El 29 de octubre Getulio Vargas fue derrocado por un incruento movimiento militar. Una de las primeras medidas que el gobierno provisional tomó fue la derogación de la ley antitrust. Al poco tiempo, el mariscal Dutra era elegido presidente de la República. Con él, volvía también el régimen constitucional. Hasta 1950, y a través de un gobierno “fuerte”, Dutra logró mantener la situación tal cual estaba y contener las presiones provenientes de distintos sectores que convulsionaban la sociedad brasileña.
Pero las fuerzas ascendentes del movimiento de masas se expresó ese mismo año con el triunfo holgado de Vargas en las elecciones que lo convirtieron nuevamente en presidente de la República. Los sectores populares habían sido reales protagonistas de este proceso y fue en el apoyo creciente en ellos que Vargas basamentará la orientación de su nueva política. Esta tomará el rumbo de un nacionalismo popular de masas que caracterizó el segundo período presidencial y lo diferenció del primero.
En este sentido fueron tomadas muchas medidas que se constituyeron en la expresión del antiimperialismo brasileño que signó la época. A principios de 1952 el poder ejecutivo determinaba la revisión de los registros de capital extranjero con la finalidad de evitar que las remesas de lucro excediesen el capital realmente entrado al país. Como medidas de gran importancia también deben señalarse la creación de Petrobrás en 1953 que estaba destinado a ejercer el monopolio estatal del petróleo, y luego la propuesta de creación de Electrobrás que jugaría el mismo papel en cuanto a la producción y distribución de energía eléctrica. Durante el poco tiempo que duró, esta política fue posible en función del apoyo popular en constante aumento con que el gobierno contaba y también por la adhesión que la burguesía industrial le deparó.
Esta se apoyó en Vargas intentando instrumentalizar la coyuntura en beneficio propio, para quebrar las resistencias de las antiguas clases dominantes. El programa de expansión económica le permitía consolidarse abriendo, al mismo tiempo, perspectivas de empleo y de elevación del nivel de vida para los sectores obreros.
Pero Vargas fue más allá de lo deseado por la burguesía, y a través de João Goulart (su ministro de Trabajo en los últimos años), en un esfuerzo por movilizar de modo orgánica a las masas obreras, avanzó en la profundización de la política social, una de cuyas últimas y más resonantes medidas fue el aumento del 100% del salario mínimo (congelado desde 1945).
La política de Goulart asustó a la derecha que comenzó a organizar la reacción.
Para ese entonces la economía del país volvía a caer en una nueva crisis producto del déficit en la balanza exterior de pagos. La situación tornábase perjudicial para la burguesía que acusó el impacto.
Paralelamente, la espiral inflacionaria impulsaba al movimiento obrero a reivindicar ajustes de salarios. Era el momento oportuno para la ofensiva de la derecha. Pero Estados Unidos se le adelantó denunciando un supuesto acuerdo entre los gobiernos de Vargas y Perón para formar, conjuntamente con Chile, un bloque regional para oponerse al país del Norte. Vargas, literalmente rodeado, ensayó diversas maniobras defensivas, cedió por un lado, contraatacó por el otro. Pero era tarde. En agosto de ese mismo año, un atentado perpetrado contra el periodista Carlos Lacerda (uno de los más tenaces opositores al gobierno), sirvió de elemento desencadenante. Las Fuerzas Armadas pidieron la renuncia del Presidente.
El 24 de agosto de 1954 Getulio Vargas produjo su último gesto político al suicidarse. En un mensaje póstumo denunciaba como responsables de su muerte a los grupos económicos nacionales e internacionales que acosaron su gestión gubernamental con presiones. Se cerraba así un período caracterizado por la eclosión política de las contradicciones que acuciaban desde hacía bastante tiempo a la sociedad brasileña. Si bien son discutibles las posibilidades que acompañaron a Vargas de resistir a sus adversarios en función del apoyo en los sectores populares, no es tan discutible su incapacidad para llevar adelante el proceso a través de definiciones cada vez más claras que lo radicalizaran. La nueva etapa iniciada profundizará el proceso que enfrentará a Brasil con sus reales opciones. Luego de la muerte de Vargas llegó al gobierno Café Filho, hasta entonces vicepresidente.
A través de su gestión logró un equilibrio relativo entre los distintos grupos dominantes, alcanzado fundamentalmente por el ingreso de divisas provenientes en su mayor parte de Estados Unidos.
En 1956 y a través de elecciones asumen la presidencia y vicepresidencia de la Nación Juscelino Kubitschek y João Goulart respectivamente. En el mismo año y mediante el Plan Metas, Kubitschek lanzó su proyecto de desarrollo económico que se basaba en inversiones públicas en los sectores básicos y en ingreso de capital extranjero.
Se produjo una expansión económica apreciable, pero a costa de un proceso de desnacionalización sin precedentes en la historia brasileña. Los grupos extranjeros acrecentaron y consolidaron su posición, aumentando paralelamente su influencia en el orden político, en desmedro de los grupos nacionales. Estos últimos estaban en clara desventaja con respecto a los primeros favorecidos por las óptimas condiciones para el ingreso de capitales, la importación de equipos y tecnología avanzada, etc. Al capital extranjero invertido en la industria le redituaban las ganancias obtenidas en el sector exportador, de ahí el aumento de la solidaridad mutua entre grupos industriales y exportadores.
Pero por otro lado los grupos industriales vieron frenada su expansión al no poder ampliar el mercado interno dada la estructura agraria del país que marginaba a las masas rurales no pudiendo sumarlas al mercado de productos industriales. Este hecho explica la contradicción creciente entre los grupos industriales y el sector agrícola. La cuestión agraria era a su vez, el detonante que agudizaba las luchas en el campo por la posesión de las tierras. La reforma agraria radical se convirtió en una de las banderas de lucha más importantes en el movimiento campesino.
Las masas obreras urbanas, no permanecieron ajenas al proceso de lucha popular que se iniciaba e intentaron un grado mayor de organización sindical que les permitiera detener la caída del poder de compra de sus salarios. La espiral inflacionaria y el tremendo endeudamiento con el exterior (precio pagado por la industrialización), provocaron movimientos reivindicativos que ascendieron espectacularmente a partir de 1959.
La baja en los precios de los productos exportables y la retracción del capital extranjero, fueron los agravantes que condujeron al desencadenamiento de una nueva crisis económica. Se abre aquí una segunda fase en el gobierno de Kubitschek donde a la incesante penetración de los monopolios se superponen los choques con el imperialismo. Prueba de dichos roces fueron varias actitudes asumidas por el ejecutivo, como la negativa a entregar el petróleo a los trusts, la ruptura con el Fondo Monetario Internacional y la participación en la “Operación Panamericana” que, en su concepción inicial planteaba una acción coordinada y efectiva de las naciones latinoamericanas para constituir un frente común y negociar con Estados Unidos desde mejor posición.
Pero estas medidas de última hora no lograron resolver los cada vez más graves problemas de Brasil.
Estas eran las condiciones cuando tras una aplastante victoria electoral, en enero de 1961, asciende a la presidencia Janio Quadros, cuya candidatura fue apoyada por la Unión Democrática Nacional, en donde se conjugaban los intereses reaccionarios y antigetulistas del país. Como vicepresidente fue consagrado João Goulart, que era miembro de la fórmula presidencial adversaria a la de Quadros. En lo económico el presidente electo intentó, a través de la liberación de los cambios, desahogar al sector externo y ampliar al mismo tiempo los recursos del Estado para atender a los compromisos de la deuda exterior. Con respecto al capital extranjero, anuló los privilegios que había tenido hasta entonces pero sin establecer ningún límite a su actividad, ni tampoco a la exportación de beneficios. Lo único que se hizo fue ofrecer ventajas fiscales a aquellos que se reinvirtieran en el país. Pero fue la política exterior de Quadros lo que más caracterizó su gestión. Inició relaciones diplomáticas y comerciales con los países socialistas, orientando la evolución de Brasil hacia una posición de autonomía en el plano internacional.
A nivel interno Quadros no rompió el clásico esquema conservador que, entre otras cosas, lo llevó a reprimir violentamente cualquier expresión popular.
La apertura hacia los países socialistas se explica por la posibilidad de encontrar en ellos los mercados, y los créditos, capaces de aliviar la asfixia del comercio exterior y el estancamiento del mercado interno, sin necesidad de modificar las estructuras económicas internas del país.
Esta línea de conducta favoreció a algunos de los grupos dominantes, pero no a todos. Entre los perjudicados estaban los monopolios estadounidenses que, junto a sus socios nativos, producían mercancías de las que también proveerían los países socialistas. En síntesis, la política de Quadros perjudicaba más de lo que beneficiaba a los capitales norteamericanos y a los brasileños a él asociados. Un gesto audaz aceleró el desenlace: el decidido apoyo a la Revolución Cubana y la condecoración al comandante Guevara el 19 de agosto de 1961 en Punta del Este.
Pocos días más tarde la ofensiva de las fuerzas reaccionarias que ya se habían desatado, provocaron el recrudecimiento de las presiones que condujeron a Quadros a presentar su renuncia. João Goulart asumió la presidencia en el marco de un compromiso con las Fuerzas Armadas por el que éstas sustituyeron el régimen presidencial por el parlamentario. Pero prontamente Goulart dejó claro que no aceptaría esa situación que limitaba sus facultades. Hasta 1963 su esfuerzo se centró en consolidar su posición en el Movimiento Sindical y en profundizar la adhesión que hacia él tenían algunos grupos militares.
Posteriormente y a través de elecciones, llega al gobierno en ese mismo año, ganando por aplastante mayoría. El pueblo no sólo lo había votado a él sino también al retorno al régimen presidencial y la consiguiente derogación del parlamentario.
Mediante el Plan Trienal de Desarrollo (1963-65) Goulart proyectó su política económica. Pero los obstáculos para llevarlo a cabo se presentaron desde el primer momento. La crítica situación económica hacía imposible satisfacer al mismo tiempo las aspiraciones de los grupos dominantes por un lado, y acceder a las presiones populares en sus reivindicaciones por el otro. Ceder a las presiones de los grupos dominantes significaba desatender y reprimir los reclamos populares, cuyas fuerzas eran justamente las que habían elevado a Goulart a la presidencia. En la escena política comenzaron a aparecer numerosos grupos de izquierda (desprendimientos del Partido Comunista, estudiantiles, etc.) que, junto a la consolidación de otros ya existentes (Ligas Campesinas, organizaciones sindicales, etc.) dieron un nuevo contenido, de mayor potencialidad revolucionaria, a las luchas populares.
La situación creada se tornó peligrosa pata los sectores dominantes que respondieron con una ofensiva concretada, entre otras cosas, en el armamento de milicias por parte de los latifundistas y en la creación de formaciones urbanas del mismo tipo. Ejemplo de estas últimas fueron el Grupo de Acción Patriótica, las Milicias Anticomunistas, la Patrulla Auxiliar Brasileña, etc.
Estados Unidos por supuesto no se marginó del proceso. Junto a la disminución de la “ayuda” económica, financió organismos cuya finalidad fue la intervención directa en la vida política brasileña, como el Instituto Brasileño de Acción Democrática.
Al aumento acelerado de las manifestaciones populares y de la radicalización política que llegaba ya a algunos sectores de las mismas Fuerzas Armadas, se respondió con el aumento también acelerado de las manifestaciones de los grupos dominantes y de los sectores medios que adherían a ellos.
No pudiendo controlar la situación, Goulart intentó un viraje hacia la izquierda, tratando de aglutinar a todos los grupos que lo apoyaban. Pero no pudo evitar con ello lo que las fuerzas antipopulares venían gestando. Las contradicciones que envolvían a la sociedad brasileña, eran la expresión de su situación económica convertida en un callejón sin salida. El ascenso vertiginoso de las fuerzas populares truncaba todo intento de resolución en que no se las tuviese realmente en cuenta, es decir, en que no se contemplase su participación económica y política en la vida del país. Pero los sectores que detentaban el poder no estaban dispuestos tampoco a renunciar a sus privilegios, y tenían fuerzas para mantenerlos. A esa altura del proceso histórico, las dificultades para lograr un rumbo político capaz de conciliar intereses tan contradictorios eran prácticamente insalvables. Era necesario optar.
El golpe militar de 1964 y la política integracionista de Estados Unidos
El 31 de marzo de 1964 se desencadenaba el golpe militar encabezado por Castelo Branco que se concretó a través de la alianza de los grupos oligárquicos con las clases medias urbanas y las Fuerzas Armadas, todos ellos bajo la protección de los agentes de los Estados Unidos. El rol que el gobierno instaurado va a cumplir no se puede deslindar de la política económica de integración que en ese momento Estados Unidos se da para América Latina. El objetivo central a través del cual se proyectaba instrumentar en el futuro esa política era el Mercado Común Latinoamericano (MCLA).
Los planes estadounidenses se enmarcaron en el contexto con una nueva división internacional del trabajo. Esta implica una especialización por parte de los países llamados “subdesarrollados” en la producción de manufacturas de consumo a través de la constitución de empresas mixtas con participación mayoritaria del capital extranjero, mientras que en los países centrales o desarrollados la especialización se daría en la producción de bienes de capital, dado el grado de desarrollo por ellos alcanzado en la industria pesada.
A la vez, para Sudamérica, esto significa la división del trabajo a nivel continental.
La fundamentación del planteo de la integración regional, parte del hecho del déficit crónico de las balanzas de pago de los países latinoamericanos, consecuencia de que las importaciones generales por la industrialización crecen a un ritmo mucho mayor del que crece el volumen de las exportaciones.
Un primer paso de resolución sería la intensificación del proceso de sustitución de importaciones y un aumento en el nivel de las exportaciones.
Para ello, y siguiendo esta fundamentación, se requiere un mercado lo suficientemente extenso que posibilite producir con costos bajos. Esto sería posible a través de un intenso intercambio comercial entre los países de la región, lo cual se logra con un mercado común para toda Latinoamérica. El ensanchamiento del mercado sería entonces una de las principales razones para la integración económica de América Latina. La idea se completa con la de la coordinación en la instauración de las industrias en el continente. Es decir, que la producción de cada país se complementaría con la de los demás países del área, tendiendo a la especialización de cada uno de ellos en distintos grados de desarrollo industrial, con lo cual se evitaría el uso irracional de las fuerzas productivas y se obtendrían los beneficios derivados de las economías de escala. Esta fundamentación del proyecto de la integración regional de Latinoamérica fue planteada en un principio por la CEPAL. Hacia 1960 Estados Unidos adhiere a ella (a pesar de las resistencias del primer momento), pero con variantes que determinarán el rumbo del proyecto inicial. Favorece la integración económica latinoamericana, pero a través de la existencia en el continente de un país “llave” que, por múltiples razones, sería Brasil, y en el cual las empresas multinacionales norteamericanas, ya para ese entonces, habían comenzado a instalar las industrias complejas que lo convirtiesen en uno de los mayores proveedores del MCLA. Brasil pasa a ser el eje central del MCLA, constituyéndose en el emporio industrial de la nueva división del trabajo a escala continental que el mercado común significa. El control estadounidense de las estructuras industriales brasileñas, así como la asistencia económica que recibe prioritariamente, garantizan la conexión del país sudamericano con los intereses de Estados Unidos, que lo eligen como el llamado a cumplir el rol de “país gendarme” sobre los restantes del continente. Que la elección recaiga sobre Brasil, se debe fundamentalmente a su potencial de recursos naturales, a su grado de desarrollo industrial, a su numerosa. población y a su situación geográfica. En cuanto a esta última, Nicholas J. Spykman, profesor estadounidense y autor de la doctrina geopolítica que orienta a la nueva política integracionista del Imperio del Norte, provee de las fundamentaciones necesarias para demostrar las ventajas de las condiciones generales de Brasil y de su situación geográfica en particular. En primer lugar, el más importante rasgo geopolítico del país sudamericano, es la equidistancia de algunas de sus zonas con respecto a los centros operativos norteamericanos y europeos.
En segundo lugar, y en íntima relación con lo anterior, la comba brasileña es el punto clave de la costa Atlántica; en palabras de Spykman: “La comba es la región más expuesta de Sudamérica y también la clave del problema de su defensa. Actúa como zona amortiguadora, no sólo para el movimiento hacia el Norte, rumbo a Estados Unidos, sino también para el que se oriente hacia el Sur, en dirección de Río de Janeiro y el Plata”. Y más adelante: “…la más valiosa contribución que pudiéramos prestar a la defensa aérea de esa región sería realizar una gran concentración de fuerzas aéreas de Estados Unidos en el litoral sur de la Zona Amortiguadora de América Meridional”[3] (llama “zona Amortiguadora de América Meridional” a la selva tropical que incluye la cuenca del río Amazonas y la costa del norte del Brasil). Para completar, debemos agregar que, dado que el Océano Atlántico es más reducido que el Pacífico, las distancias a recorrer son menores y que las instalaciones de las defensas norteamericanas de la costa atlántica (bases aéreas, marítimas, etc.) no cubren la parte sur del continente.
O sea que Brasil adquiere por este motivo y por sus características particulares ya mencionadas, una importancia estratégica muy grande en lo que se refiere a la defensa de América Latina. En consecuencia se vuelve esencial para Estados Unidos controlar la zona clave del sur para afianzar y consolidar su hegemonía sobre el continente y hacer más ventajosas sus condiciones frente a una eventual lucha por el dominio de la región.
Todo esto conduce a que el planteo de integración latinoamericana se traduzca, en la práctica concreta, en la política del subimperialismo que se instrumentaliza en la elección de Brasil, como plataforma de lanzamiento y de expansión económica desde donde se fomenta un desarrollo industrial latinoamericano controlado y compatible con los intereses de los Estados Unidos.
La instalación de empresas multinacionales junto a la abundante afluencia de capitales estadounidenses (en forma de préstamos, inversiones, etc.) y a la importación de tecnología, crearon las condiciones para un fuerte desarrollo industrial (especialmente de la industria pesada y de los sectores claves y más dinámicos de la economía) que prefigura lenta pero paulatinamente a Brasil como potencia dentro de la región. La ampliación del mercado que supone la integración del área, modifica en sentido positivo, las condiciones en las cuales deben operar las empresas multinacionales.
Dice Vivían Trías:
“Una determinada corporación posee filiales en cada país, que constituye un mercado estanco, aislado de los demás por barreras arancelarias, restricciones cambiarias, etcétera. Pero si éstas se eliminan, dicha corporación puede reformular su ecuación continental. Ampliará sus fábricas en los lugares más aptos (allí donde ya sean más grandes y modernas, cuenten con mano de obra más barata, vías de transportes, acceso a materias primas imprescindibles, etc.), y cerrará las demás, cubriendo todo el mercado con ahorro eficiente de personal técnico y obrero, prescindiendo de la innecesaria multiplicación de factores, simplificando sus cargas impositivas, etc.”[4]
Es claro, entonces, que quienes usufructúan los beneficios del mercado común son las grandes empresas multinacionales, que en ese marco adquieren una mayor capacidad de maniobra y un menor margen de riesgo para la planificación de sus operaciones a largo plazo, dada la amplitud del ámbito que dominan. El rol político y económico que Brasil cumple dentro del proyecto integracionista de Estados Unidos se traduce en consiguientes políticas para cada nivel de la realidad. El plano militar no escapa a ello. Al respecto, los antecedentes más inmediatos se encuentran ya durante la gestión de Kennedy. En aquella época fue creado el Instituto Interamericano de Defensa donde se impartía adiestramiento militar a los miembros de las Fuerzas Armadas Latinoamericanas, principalmente en Panamá. La concepción que sustentaba el proyecto era la supuesta obligación de cada país del continente a cooperar en la defensa del “modo occidental y cristiano de vida” en el continente, y en prepararse, por lo tanto, para impedir cualquier “ataque o agresión” que lo pusiera en peligro. Las implicancias que de esta concepción se desprenden, toman forma más concreta con la constitución de la Fuerza Interamericana de Paz (FIP).
La FIP perfecciona el anterior intento estadounidense de adoctrinamiento de las Fuerzas Armadas latinoamericanas por un lado, —y por el otro permite evitar la unilateralidad de las intervenciones militares de los Estados Unidos sobre la región. En palabras de J. P. Morray:
“Como existe tanto resentimiento contra las intervenciones unilaterales de los Estados Unidos, como la invasión de la República Dominicana en 1965, se abriga la esperanza de que una insignia de la OEA en el uniforme, y el nombre “Interamericano” en los medios de comunicación de masas, resulten beneficiosos desde el punto de vista diplomático y sociológico, aunque la mayor parte de las tropas hablen sólo inglés”[5].
De este modo, con la creación de una fuerza militar que la custodie, se avanzó en el perfeccionamiento de la política integracionista que se pretendía llevar a cabo.
Las FF.AA. y el esquema de la “seguridad armada”
Es en el marco de la nueva política que se da Estados Unidos para América Latina, que es posible comprender el significado del golpe militar brasileño de 1964, y de los acontecimientos que comenzaron a desarrollarse a partir de ese momento.
Dadas las contradicciones profundas de su estructura económica que se expresaban en ese momento en la crisis del dólar y el déficit en la balanza de pagos, la satelización de Brasil le permite a Estados Unidos restringir la ayuda financiera al continente, concentrándola en donde rinda mayores beneficios. Al mismo tiempo, se proveía de un medio eficaz para el control político sobre el área. Por su parte, Brasil, sumido en la dependencia cada vez mayor de los avatares del comercio exterior, y el consiguiente estrangulamiento cambiario, asistía a la agudización de las tensiones sociales internas a los grupos dominantes, lo cual favorecía la acción de los movimientos populares que apuntaban a la subversión del sistema imperante.
En estas condiciones, cada vez más, se les presentó a los sectores que detentaban el poder la opción entre la cooperación con la potencia hegemónica a través de la integración, por un lado, y la lucha por la liberación nacional (única garantía de un verdadero desarrollo económico y social), por el otro. Pero la lucha por la independencia nacional, en un país neocolonial, es inseparable de un proceso de revolución social, que culmina con la supresión de las estructuras de dominación sustentadas en la explotación de las mayorías populares, y que son las responsables de la condición de dependencia del país.
Marzo de 1964 significó la elección por parte de los grupos dominantes brasileños de la primera posibilidad: la integración a los designios de la metrópoli.
A partir de ese momento, la tendencia visible fue la conciliación creciente de los intereses de las distintas fracciones integrantes de la clase dominante (burguesía, oligarquía, grandes comerciantes, etc.).
La característica fundamental de este bloque, fue su asociación con el imperialismo.
A nivel ideológico, la justificación teórica más acabada de la política integracionista, y a través de la cual se la pretende mostrar como la única opción posible, provino del general Golbery Do Couto e Silva, integrante del grupo que asumió la dirección del golpe del 64. Couto e Silva, parte de la concepción de Brasil como un “elemento” de una realidad más vasta y más compleja que es el sistema de poder a nivel mundial.
De este principio se desprende seguidamente, que lo prioritario es ese sistema de poder (del cual Brasil es sólo una pieza), cuya seguridad y defensa pasa a ser el problema de mayor importancia.
Siguiendo esta línea de pensamiento, el principio de autodeterminación de los pueblos, comienza a variar de significado. Cobra vigencia en su lugar otro principio: el de la interdependencia entre las distintas naciones del globo. De hecho, esto se traduce en la dependencia unas a otras, en función del grado de desarrollo alcanzado por cada una. La autodeterminación pasa a ser privativa de las grandes potencias (Estados Unidos y Rusia), para las cuales no existe el determinismo exterior. Por el contrario, el resto de los países deben proyectar sus respectivas políticas en función de los condicionamientos externos que la interdependencia supone para ellos, dada su situación de inferioridad con respecto a las potencias hegemónicas a nivel mundial. Siguiendo a Couto e Silva, en el caso de América es también imposible desconocer las leyes del sistema de poder internacional. La hegemonía de los Estados Unidos sobre el continente determina la viabilidad de los proyectos nacionales de los demás Estados de la región, y los inserta en el nuevo marco de la interdependencia. A la expansión norteamericana sobre Latinoamérica se la interpreta, entonces, desde otra perspectiva. En ella adquiere importancia central el concepto de “seguridad ampliada”. Es la seguridad y defensa de la estructura de poder imperante en América, lo que justifica la expansión y la práctica intervencionista de Estados Unidos que es el que está llamado a salvaguardar ese orden.
La realidad impone el sometimiento de los demás estados del continente a este hecho que los condiciona.
Se concluye en consecuencia, que los diversos estados latinoamericanos, al no poder sustraerse a las imposiciones externas, dada su condición de países dependientes de las grandes potencias, deben basar sus proyectos nacionales en el marco de ese hecho ineludible. En él, Couto e Silva entiende a Brasil como al país que en más aventajada situación se encuentra dentro de Sudamérica, por su desarrollo económico y por los grandes recursos con que cuenta. Esta circunstancia, le otorga la posibilidad de establecer alianzas con la metrópoli en función de la contribución que puede aportar a la seguridad del Atlántico Sur.
En palabras de Couto e Silva:
“Si la geografía atribuyó a la costa brasileña y a su promontorio nordestino un casi monopolio de dominio en el Atlántico Sur, ese monopolio es brasileño, debe ser ejercido por nosotros exclusivamente, por más que estemos, sin tergiversaciones, dispuestos a utilizarlo en beneficio de nuestros hermanos del norte, a quienes nos ligan tantos y tan tradicionales lazos de amistad y de intereses, y en defensa al mismo tiempo de la civilización cristiana que es la nuestra, contra el Imperialismo Comunista de origen foráneo”[6].
La alianza bilateral que se propugna entre Estados Unidos y Brasil, traería aparejada para aquel país la ventaja de tener en América del Sur un socio menor, pero poderoso, que se encargaría de defender sus intereses en la región. Pero, obviamente, tal alianza debe beneficiar también a Brasil cuya cooperación con los Estados Unidos en la persecución de la “seguridad” del continente tiene inapreciable valor, dada su superioridad sobre el resto de los países latinoamericanos. El trato preferencial a nivel económico y el otorgamiento de la exclusividad del control y de la posibilidad de expansión sobre el área es el precio que la clase dominante brasileña aspira obtener por su contribución. La doctrina geopolítica de Couto e Silva adquiere trascendencia cuando se recuerda que es él el ideólogo del grupo que asumió la conducción de los acontecimientos de 1964. Por supuesto, al planteo de Couto e Silva también adhiere Castelo Branco, quien luego del 31 de marzo, ya en sus primeros discursos, introduce el concepto de “fronteras ideológicas”, perfectamente comprensible si se lo inserta dentro de la teoría de la “seguridad ampliada”. La evolución ideológica de la clase dominante brasileña, de la cual Couto e Silva es la máxima expresión, refleja las características del proceso en marcha. Y es claramente perceptible hasta qué punto se adecua la concepción geopolítica que aquel encarna con la sustentada por Estados Unidos. Brasil, a través de su clase dominante, lejos de ser un obstáculo, se convirtió en el complementario ideal para el desarrollo de la política integracionista impulsada por la potencia hegemónica. El camino hacia su conversión en país subimperialista dentro de América Latina, estaba allanado.
Las primeras consecuencias de este hecho no están lejos. Según el análisis de Celso Furtado:
“Por estar los objetivos nacionales supeditados por los intereses de la seguridad ampliada, la política nacional tendrá que asumir la forma de una ‘política de seguridad’. De esta manera, la ‘estabilidad interna’ del país deberá prevalecer sobre cualquier otro tipo de consideraciones.
Los intereses del desarrollo pasan, implícitamente, a segundo plano. Como resultado del punto de vista de la ‘seguridad ampliada’, el desarrollo de un satélite es bastante menos importante que la estabilidad con que ese satélite se desliza en su órbita. Desarrollo significa modificaciones estructurales, y éstas pueden acarrear tensiones sociales y poner en peligro la estabilidad del sistema de poder. Así, el desarrollo será un objetivo ‘calificado’ a ser sometido a una estricta vigilancia”[7].
Política económico-social del subimperialismo
La gestión de Castelo Branco se inicia en el contexto de la aguda crisis que azotaba a la economía brasileña, y que había comenzado a manifestarse crudamente a partir de los primeros años de la década del 60.
La merma de las exportaciones y la consiguiente disminución en la entrada de divisas, junto a la fuerte evasión de dividendos que salían del país en concepto de beneficios, intereses, etc., de las empresas extranjeras, eran las causas principales.
El monto de la deuda externa se agigantaba a pasos acelerados. Por otro lado, la desnacionalización profunda de las industrias brasileñas durante la década anterior, había provocado la pérdida de independencia de la burguesía industrial nativa, que ya para los años 60 había comenzado a asociarse al capital norteamericano en calidad de socios menores.
Los pocos sectores que todavía se conservaban como burguesía nacional estaban demasiado debilitados; a ello se suma su divorcio (inevitable) de las masas que convertía en suicida cualquier intento de enfrentamiento con los demás grupos de intereses.
A nivel de la sociedad global, las contradicciones que oponían a las clases dominantes como un bloque, a los sectores populares, también se acrecentaron.
La crisis económica y sus consecuencias sociales fueron la expresión en 1964 del agotamiento de un modelo de crecimiento que demostraba su ineficacia para ese momento histórico. Castelo Branco dio los primeros pasos de su política económica a través del Plan Trienal 1964-1966. Los objetivos centrales del plan eran en primer lugar promover el crecimiento del producto bruto interno (que había descendido notoriamente en los años anteriores), y en segundo lugar contener el aumento general de los precios. Los años que siguieron a la elaboración del plan mostraron las tendencias que se gestaron a partir de él y que no son más que la expresión del rumbo tomado a partir de 1964. El beneficio recayó amplia y esencialmente sobre las grandes empresas, tanto nacionales como extranjeras; el estímulo fue dirigido fundamentalmente hacia las industrias de bienes de consumo durable y de equipos, y a la pesada con alta capacidad tecnológica. Una de las formas de beneficiar a estos sectores industriales fue a través del funcionamiento del sistema de créditos, en su mayoría privado.
Obviamente la situación se tornó insostenible para la pequeña y mediana empresa que, por un lado se vio perjudicada por la contención del crédito estatal y, por el otro, con la contracción de la demanda en el mercado interno, lo cual acentuaba su incapacidad para enfrentarse con las empresas poderosas dotadas de una alta capacidad competitiva. En lo referente a las inversiones, la mayor parte de éstas se hicieron al amparo de medidas gubernamentales a través de las cuales se permitió la entrada de máquinas y equipamientos extranjeros, sin gravámenes arancelarios de ninguna especie. Se crearon así, condiciones excelentes para la inversión extranjera (provenientes casi en su totalidad de los Estados Unidos) que, a pesar de haber disminuido durante el mismo período para el resto de América Latina, aumentó notablemente para Brasil a partir de 1964.
Los grupos extranjeros que invirtieron estaban dotados, además, de una alta integración tecnológica cuya concentración, junto con la de capitales, condujo a los sectores de la economía en que se radicaron a la posibilidad de un rápido desarrollo. El dominio del mercado por parte de estos grupos se aseguró a través del control monopólico de los sectores claves de la estructura económica. La alta integración tecnológica, y la capacidad de autofinanciamiento, permitió a las empresas extranjeras restringirse a sectores especializados de actuación, y desde allí (por ser esos los sectores claves) instalar condiciones de competencia monopólica. Las pocas empresas nacionales poderosas también se enfrentaron con pocas posibilidades de no sucumbir dado que en la mayoría de los casos estaban dispersas en varios sectores económicos de actuación y sin condiciones monopólicas fuertes. Los grupos económicos extranjeros finalizaron dominando el mercado y determinando sus leyes de funcionamiento. Por otra parte, la penetración de las empresas multinacionales significa, a nivel económico, la traslación a la estructura de un país subdesarrollado de los medios y modos a través de los cuales se opera en un país desarrollado en la etapa del capital monopólico. Al trasladarse esas prácticas a un contexto económico-social completamente diferente se logra desequilibrar la economía del país receptor. Así, en él comienza a percibirse el desarrollo desmesurado de algunos sectores en desmedro de otros que, permaneciendo con formas tradicionales y atrasadas de producción, pasan a depender totalmente de los sectores más dinámicos.
En el caso brasileño el abismo entre el grado de desarrollo alcanzado por la región Sur y el alcanzado por el Nordeste, son prueba elocuente de una estructura económica desequilibrada.
Otro aspecto del problema es la progresiva y rápida descapitalización a que se somete al país. La penetración cobra en contrapartida un alto servicio en forma de ganancia, intereses, “royalties”, servicios técnicos, etc., y lleva la economía a un endeudamiento progresivo. El proceso originado con la penetración de capitales provenientes del exterior y que desemboca velozmente en el dominio de la economía por parte de éstos, tiene su correlato en el plano político al cual también acceden los grupos extranjeros. Este hecho implica la pérdida del poder de decisión por los grupos nacionales y su extrema dependencia de los centros de decisión exteriores. Esa fue la consecuencia necesaria a que se llegó en Brasil a partir del proceso iniciado en 1964, pero, como se comprende, los resultados no fueron ajenos a la voluntad de la clase dominante. Por el contrario fue la elección lúcida de convertir a Brasil en una potencia industrial capaz de ejercer la tutela de los intereses estadounidenses en América Latina, lo que la impulsó a desarrollar esa política.
Se logró desarrollo económico, un crecimiento en los índices que lo expresan. Pero lo discutible es si el aumento cuantitativo en los índices económicos (producto bruto interno, tasa de inflación, etc.) realmente supone un desarrollo a todo nivel y para todos los sectores de la población.
En lo que se refiere a la cuestión social, el aumento de la productividad no redundó en una mejor distribución de la renta nacional. Contrariamente a lo que sucede en los países desarrollados en estos casos, en el modelo brasileño el poder adquisitivo de los salarios disminuyó notablemente a partir de 1964. Considerado el aumento de la tasa de salario como uno de los causantes del proceso inflacionario, se logró controlarlo por muchos medios a través de la política social general.
Por un lado, el control ejercido sobre los sindicatos y la rápida represión proveniente de los trabajadores para elevar sus ingresos. Por otro lado la alta capacidad tecnológica de los grupos económicos que controlaban el mercado, condujo a un aumento creciente de la tasa de desempleo y de la inestabilidad del empleo. De este modo la proporción de trabajadores absorbidos por el progreso técnico fue muy reducida y la desocupación del resto volvía imposible todo tipo de presión para obtener un alza en las remuneraciones.
Como conclusión, a partir de 1964 los salarios mínimos fueron continuamente reajustados en proporciones siempre inferiores al alza del costo de la vida. No fue el mismo el camino que siguieron los precios. Si bien el índice de crecimiento de ellos se redujo de ningún modo dejaron de crecer, y a una tasa no despreciable (20% anual).
Es comprensible entonces el carácter que asumió la política antiinflacionaria gubernamental y con qué costo social se llevó a cabo. Aún así el éxito alcanzado también es cuestionable: durante el año 1970 la tasa de inflación fue del 20 anual, es decir, semejante a la de los restantes países latinoamericanos para ese año.
Otros de los problemas graves con que se enfrentó rápidamente el modelo de crecimiento económico brasileño fue el referente al estancamiento del mercado. La estructuración del mercado refleja los distintos sectores sociales que componen la sociedad brasileña. Por un lado, la burguesía y la clase media alta que constituyen sectores minoritarios pero en los cuales se concentran la mayor parte de los ingresos. Por otro lado, el consumo de los sectores populares se estancó por la continua reducción del poder adquisitivo de sus salarios. Teniendo en cuenta que constituyen el grueso de la población, su poca capacidad de compra se convirtió en problema para las industrias de bienes durables que encontraron un freno para su expansión la ausencia de crecimiento en la demanda. A pesar de que desde los primeros años posteriores al golpe del 64, el gobierno explicitó su intención de aumentar la participación de los sectores populares en el producto bruto interno, los hechos y la realidad que llega hasta nuestros días, muestran la tendencia opuesta a esa supuesta intención. La política salarial, de ocupación de fuerza de trabajo, etc. que se llevó a cabo, profundizó aún más la condición de marginalidad de las mayorías populares. Y también volvió mayores las distancias entre las distintas clases sociales.
Las implicancias sociales que tuvo el crecimiento económico de Brasil no asombran si se recuerda cuál es el rol que este país, a través de su clase dirigente, resolvió asumir dentro del marco más general que es América Latina. En el contexto de un continente integrado bajo la hegemonía yanqui, y a través de la existencia de un “país llave”, es explicable que la clase dominante brasileña pueda permitirse el lujo de mantener al grueso de la población sumida en la miseria y reprimida violentamente ante las más elementales manifestaciones de rebelión. Para aquella no es demasiado importante en última instancia, que el mercado interno permanezca estancado en tanto existan otros mercados en el área hacia los cuales expandirse, y una fuerza represora poderosa capaz de contener los avances populares internos. En lo referente al movimiento popular, los sectores que lo conforman empeoraron su situación a partir de 1964 dado que, como se viera, la expansión económica se realizó fundamentalmente en base a su superexplotación. A la profundización de la marginalidad de las masas trabajadoras de la ciudad y del campo, se agregó su imposibilidad de hacer los más mínimos reclamos reivindicativos dado que les habían sido quitados todos los canales legales para ello, y los modos espontáneos de expresión generaban como respuesta inmediata una feroz represión. Privados de las instituciones mínimas de que el sistema anterior al golpe de marzo los proveía para canalizar sus reclamos, les trabajadores se entregaron a un lento trabajo de reorganización centrado en lo que más inmediatamente se presentaba como el símbolo de la opresión a que eran sometidos: desempleo, disminución constante del salario real, ley “antihuelga”.
1968 fue el año de la eclosión de los conflictos y en el que las luchas populares mostraron nuevas formas. Huelgas masivas, tomas de fábricas, enfrentamientos en las zonas rurales que, pocas veces se vieron enmarcados en las asociaciones de lucha naturales (sindicatos, etc.), en tanto habían sido desmanteladas en 1964. Los grupos de izquierda y estudiantiles participaron de distinto modo en el proceso, sumando sus fuerzas.
Si bien la reacción gubernamental pudo contener las explosiones del movimiento obrero en años anteriores, no le fue tan fácil hacer lo mismo frente a los acontecimientos del 68, que se extendieron con rapidez a varios estados. Pero el proyecto político de las clases dominantes brasileñas no admite ni puede permitirse la existencia de presiones provenientes del campo del pueblo. Al basarse en un sistema económico cuyo principal sostén es la superexplotación de la fuerza de trabajo, la única posibilidad de llevar adelante aquel proyecto político es doblegando a cualquier costo la reacción popular. A eso se debe la violencia de las fuerzas represoras del sistema brasileño, que superan en poderío y capacidad de maniobra a las de cualquier otro país latinoamericano. Por otro lado, es cierto que el golpe militar de marzo de 1964 cerró las puertas a las opciones políticas tradicionales, y en esa medida contribuyó a la radicalización de gran parte de los grupos políticos de oposición existentes, y al surgimiento de otros, especialmente los armados. Neutralizados los pocos sindicatos que actuaban con eficacia, censurados los medios de comunicación de masas, reprimidas brutalmente las manifestaciones populares, el pueblo se vio impulsado a buscar otras formas de lucha. El crecimiento de la guerrilla, cuyos orígenes datan de poco tiempo antes, expresó una de las nuevas formas. Durante 1969, 1970 y parte de 1971, se sucedió una ola de secuestros y atentados que sacudieron y perturbaron al régimen brasileño. Frente a los primeros, a diferencia de lo que sucedió en otros países del continente en situaciones similares, el gobierno adoptó la postura de la negociación, cumpliendo en casi todos los casos con las condiciones exigidas por los combatientes para liberar a los rehenes. A través de esta política Garrastazú Médici se ubicaba como mediador, tendiendo hacia uno u otro lado según los casos, entre el, “ala dura” de los militares que postulaban procedimientos enérgicos, y el “ala blanda” que planteaba la negociación para evitar roces con países extranjeros. Pero, al margen y complementariamente con las características que eventualmente tomaran las relaciones entre gobierno y vanguardias armadas del pueblo en estos casos, éstas junto con otras nuevas formas de combate popular generaron rápidamente una espantosa represión militar-policial. Fueron primeras víctimas los combatientes de los grupos guerrilleros, junto a ellos también cayeron obreros, estudiantes, sacerdotes. La guerrilla, que comenzó siendo quizá una de las más violentas de América, asistió a la pérdida creciente de sus cuadros que, en el mejor de los casos fueron a agonizar física y moralmente a las prisiones del régimen, y en los peores fueron muertos: Carlos Marighela (acribillado en 1969), Mario Alves, Eduardo Leite, Joaquim Cámara Ferreira, Carlos Lamarca. El secuestro y la muerte de los combatientes del pueblo se convirtió en noticia cotidiana.
El poderío de las fuerzas represoras se explica por el sólido respaldo estadounidense, que se concreta en todos los niveles: asistencia económica, técnica, bélica, etc. Y es ese respaldo el que avala también las pretensiones expansionistas de las Fuerzas Armadas nativas. La identidad de objetivos entre éstas y los grupos económicos extranjeros, se vehiculizó en los vínculos que se establecieron entre ambos a nivel de la producción bélica. A partir de 1964 ésta adquirió un gran desarrollo. Este hecho no carece de sentido.
La necesidad de expansión hacia otras áreas fuera de las fronteras nacionales, tiene razones profundas que no se agotan en la necesidad de ampliar mercados. Manifiestan especialmente el rol hegemónico que Brasil se atribuye dentro del continente, vocación expansionista claramente explicitada desde la llegada al poder del régimen militar en 1964. En función de ese objetivo, y a través de la estrecha vinculación al Imperialismo yanqui, la meta es la conversión del “satélite privilegiado” en la primera potencia del hemisferio, luego de Estados Unidos.
Toda la política exterior brasileña apunta a ese logro. Son muchos los ejemplos que se sucedieron en los últimos años mediante los cuales, y en cada caso, Brasil intentó siempre dominar zonas claves de América Latina con el fin de lograr y afianzar su hegemonía sobre el área (litigios en torno a los “saltos del Guayrá”, yacimientos “El Mutún”, represa Itapú, etc.).
Pero el modelo de crecimiento económico brasileño que posibilita la política exterior expansionista, no es invulnerable.
La dependencia estructural económica es riesgosa. Las consecuencias de ella, en los últimos años, muestran un país con un crecimiento hondamente desequilibrado y una saturación en materia de préstamos y créditos provenientes del exterior, que permiten dudar de que sigan registrándose, en el futuro, variaciones positivas en los índices económicos.
La viabilidad o inviabilidad del proyecto brasileño incidirá considerablemente sobre el destino de toda América Latina. Dentro de ésta, los restantes países por su parte, ensayan diversos rumbos. En su conjunto afectados de distinto modo por la política del “satélite mayor”, algunos de ellos intentan frenar la expansión que perjudica sus proyectos nacionales. La intención que movió a la creación del Pacto Andino es un ejemplo. Pero sólo el avance de los movimientos populares en el camino hacia la toma del poder, puede garantizar la liberación latinoamericana de toda hegemonía que pretenda erigirse en tutela de su destino.
El desarrollo subimperialista brasileño se asienta sobre el apoyo estadounidense y la explotación del pueblo. Es explicable, en el marco del sometimiento cada vez mayor de las mayorías populares, el decaimiento en los últimos años de los movimientos subversivos internos, que ya no actúan con la misma asiduidad de sus primeros momentos ni con la misma eficacia.
Pero si bien es cierto que por el momento se han logrado contener las luchas del pueblo que es sometido a la más brutal persecución y represión de toda América Latina, a largo plazo y con la transformación en las relaciones de fuerzas a nivel internacional, la alianza de la clase dominante brasileña con el imperialismo norteamericano, no podrá impedir el triunfo popular.
BIBLIOGRAFIA
1. F. H. Cardoso y E. Faletto: Dependencia y desarrollo en América Latina, Siglo XXI, México, 1969.
2. L. Martins Rodríguez: La clase obrera en el Brasil, Centro Editor de América Latina, Buenos Aires, 1969.
3. N. J. Spykman: “Estados Unidos frente al mundo”, citado por Vivían Trías en Imperialismo y geopolítica en América Latina, Jorge Alvarez, Buenos Aires, 1969.
4. Vivian Trías, ob. cit.
5. Morray, J. P.: “Estados Unidos y América Latina” en Reforma o Revolución, Tiempo Contemporáneo, Buenos Aires, 1969.
6. Golbery Do Couto e Silva: “Aspectos geopolíticos do Brasil”, citado por Vivian Trías, ob. cit.
7. Celso Furtado: “Brasil: de la república oligárquica el estado militar”, en Brasil hoy, Siglo XXI, México, 1968.
8. Francisco Juliao: “Les Temps Modernas”, noviembre de 1962; citado por Antonio Callado en “Las ligas campesinas del noreste brasileño”, en Brasil hoy, Siglo XXI, México, 1968.
9. Ruy Mauro Marini: Subdesarrollo y Revolución, Siglo XXI, Buenos Aires, 1969.
10. Revista Nueva Plana, años 1972 y 1973, Buenos Aires.
11. Revista Primera Plana, Buenos Aires, 1972,
12. José Serra, El milagro económico brasileño, Editorial Periferia, Buenos Aires, 1973.
El movimiento estudiantil
A partir de 1964, el movimiento estudiantil tanto universitario como secundario, hace su aparición en la escena política brasileña con inusitado vigor. Se opera una radicalización creciente en sectores cada vez más vastos que comienzan a incorporarse a él profundizándose su conciencia política y los alcances de su práctica concreta. Las organizaciones estudiantiles fueron declaradas ilegales por el gobierno de Castelo Branco, pero ese hecho no impidió que siguieran existiendo y desarrollándose en la clandestinidad y hasta preservando, algunas de ellas, su estructura nacional, la Unión Nacional de Estudiantes por ejemplo. La persecución de sus líderes, la represión en masa contra los estudiantes no fueron los métodos aptos para lograr el objetivo gubernamental de quebrar sus organizaciones y el movimiento estudiantil en sí mismo. Por él contrario, se buscaron nuevas formas de lucha cuya intensificación es comprensible sólo a la luz de la política global inaugurada para toda la sociedad brasileña.
Por un lado, dirigentes de ésta perdieron con rapidez su base social en los sectores medios más bajos, también perjudicados por la política económica que los pauperizaba en forma creciente. Por otro lado, la desnacionalización sin tapujos a que se sometió a la economía del país y la alianza clara de la burguesía a los intereses extranjeros, ya no permitieron dudas a aquellos grupos que todavía consideraban el papel a cumplir por los sectores progresistas de la burguesía de un país dependiente, en un proceso revolucionario. La finalización del mito de una burguesía nacional en contradicción antagónica con el Imperialismo, desnudó rápidamente a los grupos reformistas de la izquierda (Partido Comunista), y profundizó al mismo tiempo la radicalización de otros sectores también de la izquierda y de fuera de ella. En este último sentido afectó la dureza de la dictadura militar al movimiento estudiantil. Este comprendió clara y rápidamente que sus luchas reivindicativas no podían separarse de la lucha política frente a un régimen que, junto al resto del pueblo, también los oprimía a ellos mismos. La respuesta en los años siguientes a 1964 se expresó a través de la no aceptación de la estructura impuesta por el gobierno para las casas de estudios, mediante manifestaciones callejeras que implicaban una lucha nacional y política.
Durante 1967 decayeron las movilizaciones en un aparente reflujo, pero fue en realidad año de reorganización del movimiento estudiantil, que mostraría sus frutos al año siguiente. La “explosión de 1968” tuvo varias causas.
Por un lado, la concepción elitista de la educación superior, en función de la cual se limitó drásticamente el número de quienes pretendían acceder a ella en tanto la cantidad de aspirantes aumentaba. Por otro lado, la estructuración de los planes de estudio que no obedecían ni se adecuaban a las necesidades económico-sociales del país, una de cuyas consecuencias era la poca absorción de los profesionales por parte de la estructura ocupacional. La otra más grave era la capacitación de éstos en función de las necesidades de los intereses nacionales e internacionales que movían al Estado desde 1964. A estos motivos se agrega el hecho de que para esa época, la respuesta del gobierno frente a los reclamos estudiantiles había sido la de la privatización de la universidad: Enseñanza paga, su tecnificación y su servicio a las necesidades de las grandes empresas.
La reacción estudiantil no se hizo esperar; la concentración de todos los factores señalados provocó el estallido, cuyas características fueron producto de la reorganización de años anteriores. En 1968 se asiste a la permanente movilización del movimiento estudiantil que conformó un frente unitario en el enfrentamiento con la represión. La lucha que se desarrolló cobraba más importancia y radicalización en su contenido político en la medida en que se insertó en las manifestaciones populares de ese mismo año.
Pero a partir de 1969 las movilizaciones estudiantiles decaen. La feroz represión a que habían sido sometidas, demostró las deficiencias organizativas frente a la superioridad aplastante del enemigo al cual no era posible responder sólo con las masas en la calle. La poca eficiencia de la organización de las bases estudiantiles y la disociación entre ellas y sus líderes, eran parte de las causas de la incapacidad para enfrentar a la represión que, no sólo perseguía y encarcela, sino que también asesinaba.
Al sentimiento de impotencia y desesperación que este hecho provocó en un primer momento, se sucedió luego una comprensión más clara del sentido más global de la lucha y la necesidad de insertar el potencial revolucionario del movimiento estudiantil en organizaciones de más vasto alcance y repercusión política.
Las Ligas Campesinas
“Te confieso, hermano, amigo, camarada, que elevaría —y millones de brasileños conmigo— una plegaria al Señor por el eterno reposo de esta democracia que engorda tiburones y hambrea al pueblo, otorga excención de impuestos a los terratenientes y rehúsa la tierra al campesino, permite que una compañía obtenga ganancias de 9.000%, pero hace que las ametralladoras apunten al pecho del trabajador que va a la huelga para conseguir un aumento de salario, una democracia que deja que las inversiones extranjeras monopolicen los recursos del país y permite la exportación de sus beneficios, una democracia que fabrica mariscales, generales y otros animales de cinco estrellas, pero le niega estabilidad al sargento, priva al soldado y al marinero de su derecho de voto.”[8]
Así decía Francisco Julio que fue quien inició en Brasil el Movimiento de las Ligas Campesinas en 1955, y que luego de la instauración de la dictadura militar debió exiliarse. El Movimiento de las Ligas Campesinas se concentró principalmente en el Estado de Pernambuco, en las zonas de plantaciones de caña de azúcar. En él alcanza el más alto grado de desarrollo la miseria y la explotación a que es sometida la población de los nueve Estados del nordeste que conforman el “Brasil pobre”. La industrialización y el grado de desarrollo alcanzado por el país se concentra en la región Sureña, quedando para el Norte agrario, víctima de la sequía, el peso mayor del hambre y la miseria. La estructura agraria mantiene invariable el sistema de privilegios de la época colonial. Es en esta región donde más desarrolladas estaban las condiciones revolucionarias cuando sobrevino el golpe militar de 1964, que encarceló u obligó al exilio a los principales líderes que acompañaron ese proceso. Bajo la inspiración de Julião, las Ligas Campesinas habían surgido teniendo como objetivo la movilización de los campesinos para combatir las instituciones feudales del Nordeste agrario que ataban al trabajador a la tierra, sacándole prácticamente la totalidad del fruto de su trabajo. La situación de los trabajadores de los ingenios, sometidos a la superexplotación de su fuerza de trabajo fue también uno de los principales objetivos. Se lograron algunos triunfos, como la expropiación de las tierras del ingenio Galileia que, mediante pago al propietario por parte del Estado, fueron entregadas a los campesinos. El Movimiento de las Ligas Compesinas se extendió rápidamente a todo el Estado de Pernambuco; también comenzaron a crearse ligas en los demás estados del Nordeste y en las zonas agrarias del Sur. Pero sólo en Paraiba y Pernambuco alcanzaron un alto desarrollo. Otros factores contribuyeron también al proceso iniciado por las poblaciones de estas regiones: la estructura planificadora del Nordeste que llevó a cabo la SUDENE, con la que se apuntaba a borrar los desequilibrios entre el “Brasil pobre” y la región industrializada del Sur.
Con el golpe militar de 1964 se frena este proceso de organización y creciente combatividad y radicalización política de las fuerzas populares del Nordeste brasileño. Se clausuraron todas las Ligas Campesinas, se intervinieron los Sindicatos, se aumentó el poder de los latifundistas que pudieron volver con un simple acto de voluntad a las instituciones anteriores donde ellas habían sido quebradas por la lucha popular.
[1] F. H. Cardoso y E. Faletto: Dependencia y desarrollo en América Latina, Siglo XXI, México, 1969.
[2] L. Martins Rodríguez: La clase obrera en el Brasil, Centro Editor de América Latina, Buenos Aires, 1969.
[3] N. J. Spykman: “Estados Unidos frente al mundo”, citado por Vivían Trías en Imperialismo y geopolítica en América Latina, Jorge Alvarez, Buenos Aires, 1969.
[4] Vivian Trías, ob. cit.
[5] Morray, J. P.: “Estados Unidos y América Latina” en Reforma o Revolución, Tiempo Contemporáneo, Buenos Aires, 1969.
[6] Golbery Do Couto e Silva: “Aspectos geopolíticos do Brasil”, citado por Vivian Trías, ob. cit.
[7] Celso Furtado: “Brasil: de la república oligárquica el estado militar”, en Brasil hoy, Siglo XXI, México, 1968.
[8] Francisco Juliao: “Les Temps Modernas”, noviembre de 1962; citado por Antonio Callado en “Las ligas campesinas del noreste brasileño”, en Brasil hoy, Siglo XXI, México, 1968.